Julio Carabaña, uno de los sociólogos de la educación más reputado, ha publicado recientemente la investigación “La inutilidad de PISA para las escuelas”, donde demuestra sólidamente que este programa de evaluación internacional carece de valor para ayudar a mejorar la enseñanza en las aulas y el funcionamiento de las escuelas.
“PISA carece completamente de valor como guía para mejorar la enseñanza a nivel de escuelas y de países, y por tanto de utilidad para los docentes y para los políticos”. Así de contundente se muestra Carabaña, ante la constatación de que las pruebas de este examen miden capacidades muy generales. Capacidades que dependen de la experiencia acumulada en toda la vida del alumnado, desde su nacimiento. Por lo que, como incluso reconoce PISA en sus propias textos “si un país puntúa más que otro no se puede inferir que sus escuelas sean más efectivas, pues el aprendizaje comienza antes de la escuela y tiene lugar en una diversidad de contextos institucionales y extraescolares”.
De ahí la inadmisible pretensión de la OCDE que busca utilizar PISA para “llevar las políticas educativas en una dirección determinada”. No sólo porque las capacidades que mide PISA dependen poco o nada de las escuelas, sino porque ni siquiera dependen de los cambios pedagógicos y políticos que PISA propone. “Este fallo fatal inutiliza completamente a PISA para su objetivo principal, ayudar a la mejora de las escuelas y los sistemas educativos”, afirma este especialista. “No se trata de un fallo secundario o accidental, sino de un fallo esencia, fatal, que convierte PISA primero en un fracaso y, con el tiempo, en un fraude”.
Entonces por qué se sigue utilizando y dando publicidad. El éxito mediático y político de PISA se debe a que los resultados se publican en forma de ranking o clasificación mundial y un sector de políticos los utilizan para justificar sus reformas y atacar las de sus contrarios.
Un total de 83 grandes expertos internacionales en educación enviaron una carta al director del programa PISA, expresando su preocupación por la cada vez mayor influencia que empieza a tener en las prácticas educativas en muchos países. Como resultado de PISA, los países están reformando sus sistemas educativos, buscando soluciones a corto plazo, con la esperanza de mejorar en el ranking, pese a que la investigación muestra que los cambios duraderos en las prácticas educativas necesitan décadas. Además, explican, al centrarse en un reducido conjunto de aspectos susceptibles de ser “medidos”, PISA distrae la atención de los objetivos educativos menos susceptibles o imposibles de ser medidos, tales como el desarrollo físico, moral, cívico o artístico, reduciendo peligrosamente de este modo nuestra imaginación colectiva en torno a lo que es o debería ser la educación.
Otro de los aspectos críticos que apuntan estos expertos es que, en tanto que la OCDE es un organismo económico -a diferencia de la UNESCO o UNICEF-, está naturalmente sesgada a favor del papel económico de las escuelas. Pero preparar a los estudiantes para el empleo no es la única -ni siquiera la más importante- meta de la educación pública. Señalan también que la OCDE se ha aliado para ello con compañías multinacionales con fines de lucro listas para obtener beneficios financieros de los problemas -reales o percibidos- que muestre PISA.
La editorial británica Pearson, la multinacional educativa más grande del mundo, dueña además de Financial Times y The Economist, logró el contrato para los exámenes de PISA 2015, que pagan los ministerios de Educación, y la exclusiva para la creación de la plataforma digital que los sustenta. Pearson no solo redacta los exámenes, también los corrige y aporta las herramientas informáticas para analizarlos. Según el académico canadiense Donald Gutstein, Pearson utiliza PISA como cabeza de puente para manejar los hilos de la educación mundial. Es un plan ambicioso para comercializar sus productos y servicios.
Sus críticos se preguntan por qué una empresa privada y con ánimo de lucro tiene tanta influencia en el sistema educativo público. Diane Ravitch, profesora de Educación de la Universidad de Nueva York, considera que estamos ante “la irrupción de big data [grandes datos] en las escuelas”. Es una fórmula empresarial para desarrollar apps, vender datos de estudiantes y hacer dinero, afirma. De hecho, el capital riesgo ya se ha fijado en este mercado y está entrando a manos llenas en compañías digitales de creación y evaluación de exámenes.
Finalmente, estos especialistas, apuntan que el régimen de PISA, con su ciclo continuo de medición global, está haciendo daño al alumnado y empobreciendo la educación, aumentando aún más el ya alto nivel de estrés en las escuelas, con una presión constante por el rendimiento, lo que pone en peligro el bienestar de los estudiantes y de los docentes. Alertando que esta dinámica supone un riesgo real de matar el placer de aprender, transformando el deseo de aprender en afán de aprobar.
Terminan denunciando que una institución como la OCDE se haya convertido en el árbitro global de los medios y fines de la educación en el mundo, asumiendo el poder de configurar la política educativa mundial, sin debate acerca de la necesidad o de las limitaciones de las metas de esta institución económica. Como plantea el Dr. Hugh Morrison, matemático de la Universidad Queen de Belfast en Irlanda del Norte, o el célebre Dr. Yong Zhao: “Es absolutamente impactante y vergonzoso ver a algunas personas, por lo demás racionales y bien educadas, creer que tres puntuaciones de las pruebas de PISA muestran la calidad de sus sistemas educativos, la eficacia de su profesorado, la capacidad de su estudiantes, y la futura prosperidad de la sociedad”.
Debemos reconsiderar este tipo de pruebas y asumir la evaluación como un proceso integral orientado a producir información, contextualizada social y culturalmente, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es parte constitutiva del proceso formativo en las instituciones educativas y una herramienta para reconocer sus avances y dificultades. La evaluación permite identificar los múltiples factores y actores que inciden en ese proceso y diseñar políticas y estrategias orientadas a mejorar las prácticas pedagógicas con un sentido formativo y no culpabilizador de escuelas, docentes y estudiantes. Por eso, la política educativa no se puede extraer de una prueba como PISA. Como toda política se ha de definir mediante un debate democrático en el que la comunidad educativa ha de tener el protagonismo.
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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