¿Qué es y en qué consiste la 'ley mordaza' también conocida como Ley de Seguridad Ciudadana?
POR VÍCTOR H. OSPINA - RAQUEL ENRÍQUEZ - AGENCIAS MADRID
El Gobierno, gracias a su mayoría absoluta y con el apoyo del UPN, pudo sacar adelante la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana,conocida como la 'ley Mordaza'. El texto se aprobó el 26 de marzo con 140 votos en contra y una abstención. Esta ley sustituye a la que estaba vigente desde 1992. Con esta ley, también entran en vigor la reforma del Código Penal, que entre las modificaciones más polémicas incluye la prisión permanente revisable, y ley antiyihadista, que el Partido Popular sacó adelante con el apoyo del Partido Socialista. Activistas han calificado las tres leyes que han entrado e como "el tridente de las mordazas"
1 ¿Por qué es tan polémica la Ley de Seguridad Ciudadana?
La ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza' sanciona, entre otras, cuatro acciones que han adquirido protagonismo durante la crisis y que han servido para catalizar el rechazo de los ciudadanos por las políticas tanto del PSOE como del PP.
Una de ellas es la paralización de los desahucios. Aquellos que intenten paralizar un desahucio, estarían incumpliendo dos normativas: la relativa a "impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales" y la que hace referencia "a la desobediencia o la resistencia a la autoridad". Ambas están multadas con una sanción económica que oscila entre los 601 y 30.000 euros.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha alegado que estas leyes "castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta de aquellos quienes intentan paralizar el desahucio". Mediante un comunicado, llamaban a "desobedecer a estas leyes injustas".
Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños es otra de las acciones que han levantado polémica. Está considerada como una falta leve y el importe sancionador está comprendido entre los 100 euros y los 600 euros. Como rechazo a la ley, Greenpeace desplegó ayer una pancarta desde las grúas del Congreso de los Diputados por "la represión que suponen al activismo y la protesta ciudadana".
No es la primera vez que la organización lleva a cabo acciones de este tipo. En mayo de 2014, ya "amordazaron" a los leones del Congreso de los diputados. En su momento, alegaron que la ley de Seguridad Ciudadana era "un un torpedo directo a la línea de flotación del sistema de libertades de nuestra democracia: el derecho a la libre expresión, y el derecho de reunión y manifestación".
Fotografiar a los policías. Es otra que las acciones que se podrán multar a partir de hoy en cualquier manifestación. Concretamente, la ley recoge lo siguiente: el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. Tendrá una la sanción económica entre los 601 y 30.000 euros al estar considerada como una falta grave.
El ministro del Interior ha aclarado si es legal fotografiar y publicar imágenes de policías. Pero enfatizaba en que se incurrirá en un delito cuando se faciliten datos personales sobre el agente o sobre su familia.
Manifestantes ayer en contra de la 'ley mordaza' Reuters
Una sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid avalaba que los ciudadanos puedan filmar a los policías durante sus actuaciones públicas y que éstos pierden sus garantías como agente de la autoridad cuando se extralimitan en sus funciones.
La otra polémica se centra en aquellas manifestaciones que se celebren sin comunicar en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad. Esta acción está tipificada como una falta grave, y la sanción está comprendida entre los 601 euros y los 30.000 euros. La multa no recaerá sobre los participantes, que no tienen por qué conocer la notificación y autorización por parte del organismo competente.
Pero la polémica se servida. Ayer el presidente del Congreso, Jesús Posada, admitía que desde que es presidente, no ha tenido "ninguna sensación de acoso" a pesar de las manifestaciones que se han celebrado en los alrededores de la Cámara Baja.
2. Rechazo de los partidos políticos y de las organizaciones de derechos humanos
Las reacciones ante la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no tardaron. Pablo Iglesias envió en diciembre de 2014 una pregunta al Consejo de Europa cuestionando la legalidad de la ley. Denunció, en su opinión, el carácter antidemocrático del texto escrito por el Partido Popular y sin el consenso de la oposición parlamentaria: "La 'ley mordaza' contraviene todas las resoluciones internacionales sobre los derechos de reunión y manifestación".
Por otro lado, el 25 de mayo la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad ya que consideraba que la norma vulnera una docena de artículos de la Constitución. Firmaron dicho texto el PSOE, Izquierda Unida, Grupo Mixto y UPyD. CiU y PNV decidieron en el último momento no firmar, aunque también consideran que la Ley Orgánica es inconstitucional. El texto del recurso fue elaborado por el Grupo Socialista. Los derechos afectados, según el recurso, son fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.
Tampoco C's está a favor de esta nueva normativa, tal y como mostraba Albert Rivera en una entrevista en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3.Declaró que le parece "un calentón político", y añadió que le parece "un error" y "un paso atrás en la división de poderes" que sea el Gobierno y no los jueces los que decidan multar a los manifestantes y a la oposición política.
A pesar de todas estas críticas, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior e impulsor de la ley, ha defendido que esta nueva legislación "respeta los derechos fundamentales" y tiene como misión "proteger a los ciudadanos y a su seguridad" en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero. "Consigue un equilibrio adecuado entre libertad y seguridad", aseguró.
También se refirió a las sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros al decir que las cuantías "no son una exageración. Son las mismas que las de la ley de 1992".
La ley, según Amnistía Internacional, puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica. Añade que aumenta el número de infracciones y supone menos garantías de defensa para la ciudadanía frente a la administración.
Human Rights Watch ha alegado que el Gobierno no ha planteado argumentos convincentes que demuestren la necesidad de este tipo de medidas tan restrictivas que limitan los derechos políticos y civiles fundamentales.
Por otro lado, el pasado mes de febrero, cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas criticaron la nueva "ley mordaza" que, a su entender, puede cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos, y exhortaron a su retirada. "Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales", señalaron los expertos.
3. ¿Qué otras acciones sanciona la Ley de Seguridad Ciudadana?
Faltas muy graves, con una multa que oscilará entre los 30.001 y 600.000 euros
- Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como el Congreso de los Diputados.
- Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
- Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
Faltas graves, con una multa entre 601 y 30.000 euros
- Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
- La alteración grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
- Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
- Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, como, por ejemplo, la ejecución de desahucios.
- La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
- La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
- Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
- Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
- Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
- El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
- Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
- La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias. - Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley
- El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Faltas leves, cuyo importe sancionador está comprendido entre los 100 euros y los 600 euros
- Manifestaciones no comunicadas a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
- Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
- Las faltas de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
- Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
- La ocupación de casas y la venta ambulante.
- No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida. - Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
- Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
- Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
- El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe la tranquilidad ciudadana.
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