10 septiembre, 2014
El último informe OCDE: Panorama de la Educación 2014 (http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html), sobre indicadores de educación (referidos a 2012), ha puesto de manifiesto que casi dos millones de jóvenes españoles entre los 15 y los 29 años no estudian pero, además, están desempleados. Uno de cada cuatro. Un porcentaje que ha ido creciendo en todos los niveles educativos respecto a los Informes de 2012 y 2013. El escandaloso número de jóvenes que ni estudian ni trabajan representa el 25,79% por 100 en España (en 2012 era el 23,7%), sólo superado por Turquía, cuando la media de la OCDE es del 14,96%. Por otro lado, casi la mitad de los españoles de entre 25 y 64 años (el 45%) no ha terminado ni el Bachillerato ni su equivalente de FP (casi el doble que la OCDE, que es del 24 %). Además, a diferencia de otros países, no es que no quieran trabajar, es que no pueden (el 19% se encuentra en esta situación frente al 6% de media de la OCDE). En fin, el desempleo continúa golpeando duramente a los jóvenes menos preparados, amenazando gravemente la cohesión social, si no fuera por el apoyo familiar (a veces de las pensiones de los padres jubilados).
Por su parte, el título universitario en España ya no reduce el riesgo de desempleo, como suele suceder en otros países. En España, mayor formación no corresponde mayor empleo. Así, los universitarios sin empleo ni continuidad en las aulas han aumentado 10 puntos en cuatro años hasta el 23%, triplicando la media de la OCDE. El paro de los españoles universitarios y con Formación Profesional (FP) Superior asciende al 14 %, cuando la media de la OCDE es del 5 %.
Un drama para un país dejar perder a toda una generación, hipotecando su desarrollo futuro. Al tiempo, se les niega la posibilidad misma de construirse un proyecto de vida propio. Jóvenes que no pueden ejercer plenamente su ciudadanía, al carecer de la capacitación que proporciona una Secundaria Superior, o no poder insertarse socialmente en el mercado laboral. Excluidos de los estudios y del trabajo, aunque ciudadanos legalmente, no lo son prácticamente. No son ellos responsables (menos “culpables”) de dicha situación, es el sistema que no ha sabido o podido dar la respuesta necesaria.
Es preciso garantizar a los ciudadanos con riesgo de exclusión su condición ciudadana, que empieza por la capacitación educativa necesaria para insertarse en el mundo del trabajo. Esto no puede dejarse al arbitrio de cada uno, cabe defender educativamente la necesidad de acciones educativas especiales para garantizar el nivel educativo actualmente necesario en la sociedad de la información, que Europa cifra en la Secundaria Superior. A su vez, no puede relegarse a la lógica del mercado ni tampoco puede dejarlo al esfuerzo individual. Es un derecho básico, inalienable de la persona, que cada uno tenga la posibilidad de construirse autónomamente un proyecto de vida. Es eso lo que tienen negado la generación “ni-ni”.
Crisis económica, déficits del mercado laboral, desafección por el trabajo o los estudios, etc., pero también graves insuficiencias del sistema educativo contribuyen a explicar estos datos. ¿Contribuirá, como dicen sus mentores, a resolver estos problemas la LOMCE? No vemos cómo a base de reválidas, la nueva ley pueda incrementar los índices de Secundaria Superior, pues más bien se dirigen a impedir que accedan; a menos que la FP se vuelva en el “saco” donde meter a toda la población excluida, con la consiguiente degradación de dicha vía. Pero, en ese caso, el desprestigio iría en contra del reconocimiento alcanzado hasta ahora por la Formación Profesional Media y, sobre todo, Superior. En esa dirección apunta la LOMCE: al final de la ESO las pruebas serán diferentes para acceder a Bachillerato o a Formación Profesional dependiendo de la opción que hayan elegido los alumnos. Tampoco aquí vemos cómo la Propuesta del Gobierno va a incluir a esta población, más bien se dirige en sentido contrario: incrementar con las pruebas externas la población excluida. Si se quiere incrementar la Formación Profesional, no puede ser a costa de hacerla una vía de segundo orden para aquellos que no pueden seguir el Bachillerato. Justamente eso quiso corregir la LOGSE que, en parte, consiguió.
Con este panorama desolador, peor aún que los informes de años anteriores, la Sra. Gomendio Kindelan, Secretaria de Estado, de nuevo echando balones fuera que, como ya es demasiado atribuirlos a Zapatero, se dice que los recursos y la inversión no han servido (aminorémoslos, pues); o echémosle la culpa a que la familia no ayuda lo suficiente, o a que la baja empleabilidad se debe a que tienen pocas competencias (que la LOMCE remediará). Pero, entonces, ¿por qué los universitarios no tienen tampoco empleo? –porque también tienen pocas competencias, dice Gomendio–.
Por desgracia, tenemos una grave crisis económica que contribuye a aminorar el abandono escolar temprano. Al respecto la LOMCE está teniendo éxito antes de implementarse, no por ella, si no por la tragedia de no poder trabajar. Con la costumbre de traer (y pagar, suponemos) a un experto de la OCDE en la presentación de los informes, en esta ocasión traen a Dirk Van Damme, responsable del informe, para que decir que los altos salarios de los profesores dejan poco margen para “otras iniciativas” e infraestructuras. En fin, un experto para aconsejar que se bajen los salarios, algo que clama al cielo. Y digo yo: ¿qué tienen que ver los sueldos docentes para que no hay posibilidades de empleo de los jóvenes o de los universitarios? Con la posible rebaja de sueldo, ¿resolvería la Sra.Gomendio el paro juvenil y universitario, su precariedad? En fin, reírse del personal, como si todos fuéramos tontos.
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