miércoles, 27 de diciembre de 2017

CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA PROPIA

Antonio Bolívar
Perfil
Sin posibilidad de construirse un proyecto de vida propio: el último informe de la OCDE

El último informe OCDE: Panorama de la Educación 2014 (http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html), sobre indicadores de educación (referidos a 2012), ha puesto de manifiesto que casi dos millones de jóvenes españoles entre los 15 y los 29 años no estudian pero, además, están desempleados. Uno de cada cuatro. Un porcentaje que ha ido creciendo en todos los niveles educativos respecto a los Informes de 2012 y 2013. El escandaloso número de jóvenes que ni estudian ni trabajan representa el 25,79% por 100 en España (en 2012 era el 23,7%), sólo superado por Turquía, cuando la media de la OCDE es del 14,96%. Por otro lado, casi la mitad de los españoles de entre 25 y 64 años (el 45%) no ha terminado ni el Bachillerato ni su equivalente de FP (casi el doble que la OCDE, que es del 24 %). Además, a diferencia de otros países, no es que no quieran trabajar, es que no pueden (el 19% se encuentra en esta situación frente al 6% de media de la OCDE). En fin, el desempleo continúa golpeando duramente a los jóvenes menos preparados, amenazando gravemente la cohesión social, si no fuera por el apoyo familiar (a veces de las pensiones de los padres jubilados).

Por su parte, el título universitario en España ya no reduce el riesgo de desempleo, como suele suceder en otros países. En España, mayor formación no corresponde mayor empleo. Así, los universitarios sin empleo ni continuidad en las aulas han aumentado 10 puntos en cuatro años hasta el 23%, triplicando la media de la OCDE. El paro de los españoles universitarios y con Formación Profesional (FP) Superior asciende al 14 %, cuando la media de la OCDE es del 5 %.

Un drama para un país dejar perder a toda una generación, hipotecando su desarrollo futuro. Al tiempo, se les niega la posibilidad misma de construirse un proyecto de vida propio. Jóvenes que no pueden ejercer plenamente su ciudadanía, al carecer de la capacitación que proporciona una Secundaria Superior, o no poder insertarse socialmente en el mercado laboral. Excluidos de los estudios y del trabajo, aunque ciudadanos legalmente, no lo son prácticamente. No son ellos responsables (menos “culpables”) de dicha situación, es el sistema que no ha sabido o podido dar la respuesta necesaria.

Es preciso garantizar a los ciudadanos en riesgo de exclusión su condición ciudadana, que empieza por la capacitación educativa necesaria para insertarse en el mundo del trabajo. Esto no puede dejarse al arbitrio de cada uno, cabe defender educativamente la necesidad de acciones educativas especiales para garantizar el nivel educativo actualmente necesario en la sociedad de la información, que Europa cifra en la Secundaria Superior. A su vez, no puede relegarse a la lógica del mercado ni tampoco puede dejarlo al esfuerzo individual. Es un derecho básico, inalienable de la persona, que cada uno tenga la posibilidad de construirse autónomamente un proyecto de vida. Es eso lo que tienen negado la generación “ni-ni”.

Crisis económica, déficits del mercado laboral, desafección por el trabajo o los estudios, etc., pero también graves insuficiencias del sistema educativo contribuyen a explicar estos datos. ¿Contribuirá, como dicen sus mentores, a resolver estos problemas la LOMCE? No vemos cómo a base de reválidas, la nueva ley pueda incrementar los índices de Secundaria Superior, pues más bien se dirigen a impedir que accedan; a menos que la FP se vuelva en el “saco” donde meter a toda la población excluida, con la consiguiente degradación de dicha vía. Pero, en ese caso, el desprestigio iría en contra del reconocimiento alcanzado hasta ahora por la Formación Profesional Media y, sobre todo, Superior. En esa dirección apunta la LOMCE: al final de la ESO las pruebas serán diferentes para acceder a Bachillerato o a Formación Profesional dependiendo de la opción que hayan elegido los alumnos. Tampoco aquí vemos cómo la Propuesta del Gobierno va a incluir a esta población, más bien se dirige en sentido contrario: incrementar con las pruebas externas la población excluida. Si se quiere incrementar la Formación Profesional, no puede ser a costa de hacerla una vía de segundo orden para aquellos que no pueden seguir el Bachillerato. Justamente eso quiso corregir la LOGSE que, en parte, consiguió.

Con este panorama desolador, peor aún que los informes de años anteriores, la Sra. Gomendio Kindelan, Secretaria de Estado, de nuevo echando balones fuera que, como ya es demasiado atribuirlos a Zapatero, se dice que los recursos y la inversión no han servido (aminorémoslos, pues); o echémosle la culpa a que la familia no ayuda lo suficiente, o a que la baja empleabilidad se debe a que tienen pocas competencias (que la LOMCE remediará). Pero, entonces, ¿por qué los universitarios no tienen tampoco empleo? –porque también tienen pocas competencias, dice Gomendio–.
Por desgracia, tenemos una grave crisis económica que contribuye a aminorar el abandono escolar temprano. Al respecto la LOMCE está teniendo éxito antes de implementarse, no por ella, si no por la tragedia de no poder trabajar. Con la costumbre de traer (y pagar, suponemos) a un experto de la OCDE en la presentación de los informes, en esta ocasión traen a Dirk Van Damme, responsable del informe, para que decir que los altos salarios de los profesores dejan poco margen para “otras iniciativas” e infraestructuras. En fin, un experto para aconsejar que se bajen los salarios, algo que clama al cielo. Y digo yo: ¿qué tienen que ver los sueldos docentes para que no hay posibilidades de empleo de los jóvenes o de los universitarios? Con la posible rebaja de sueldo, ¿resolvería la Sra.Gomendio el paro juvenil y universitario, su precariedad? En fin, reírse del personal, como si todos fuéramos tontos.

NB. Estamos a pocos días de que comience el 2018. Me pregunto ¿ES QUE HA CAMBIADO ALGO?


El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el organismo responsable de la evaluación del sistema educativo en el Ministerio de Educación


martes, 19 de diciembre de 2017

SER DEMOCRÁTICO

Carlos Ángel Trevisi 

Se es democrático cuando la sociedad asume que sus miembros "SON" en tanto se prodiguen para "ESTAR" en los demás. Para tal logro es menester transformar la potencialidad que tenemos en ACTITUDES donde armónicamente se siembre el afecto, la inteligencia, la voluntad y una libertad de conciencia que armonicen de tal modo que nos constituyamos en una comunidad en la aceptemos al "otro" cualquiera sea su ideología. El problema radica en que se han pervertido los parámetros que son menester para que quepamos todos. Las ideologías se han apoderado de la sociedad sin que percibamos que desvirtuan nuestras vidas impidiéndonos que nos hagamos de un ideario que destaque al ser humano como eje de las resoluciones que han de imponerse con arreglo a la voluntad general de aquellos que convivimos con la concienia libre de ataduras o mandatos que no son nuestros. Las ideología nos obliga a actuar bajo sus dictados sin posibilidad de asumir nuestros propios principios como personas y no como simples borricos.

Se podrá decir que esto no es nuevo. En efecto: las dictaduras son nada más ni nada menos que los antecedentes más crueles de las ideologías como domesticadores del hombre. El sometimiento  sigue vigente: el fútbol, los shoppings, la televisión, la educación envilecida, el desinterés por el prójimo, la subalimentación infantil,  la precariedad del empleo, los medios de comunicación -periódicos, la radiofonía,  y qué no, empujan a que los valores que encierran las potencialidades que nos son propias hayan quedado desvirtuadas: nos han transformado en meros mamíferos. 

Siendo así, el hombre ha ido perdiendo el norte; no le importan los demás e indiferente a la política solo participa cuando tiene que votar. No es   raro  que así sea: el sistema le mete en la cabeza a diario  que vivimos en democracia, que la ley, que la Constitución, que tiene en sus manos la solución que demanda el país votando... y todo lo que queramos agregar.


lunes, 18 de diciembre de 2017

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

LOS PAPELES DE RAJOY A JUICIO

Juan Moreno y Ana Méndez
Abogados de la acusación popular de IU, Ecologistas y ALA
El PP, en el centro del huracán. Así se podría sintetizar la situación en que se haya el partido en el gobierno desde que hace 5 años se desveló la contabilidad b de Bárcenas e interpusimos la primera querella el contra el ex tesorero y un nutrido grupo de empresarios que durante años habrían abonado millones de euros al PP a cambio de obra pública. Ahora, y pese a la infinidad de maniobras que el PP ha promovido para obstaculizar las investigaciones judiciales, ha llegado la hora de la verdad, la de llevar por fin a juicio dos de las principales causas penales en las que el PP o sus dirigentes vienen siendo acusados.
El PP va a tener que afrontar el juicio por la destrucción y desaparición de los ordenadores de Bárcenas, causa judicial que se presenta muy cuesta arriba para los de Mariano toda vez que las pruebas que se han ido acumulando son elocuentes, incluida la destrucción física de los discos duros de los ordenadores de su extesorero y el hecho poco conocido de que uno de estos discos duros desapareció de un ordenador sin que el PP haya aportado una versión congruente y verosímil sobre lo ocurrido. Todo apunta a que solo la poco probable aplicación de la doctrina Botín, o un acuerdo con Bárcenas para que maquille su declaración en el juicio oral podrán salvar al PP de pasar a la Historia como el primer partido político condenado en causa criminal.
Relevante por todo lo que conlleva va a ser el esperado juicio de parte de esa caja B. Dineros circulando por Génova para el pago de obras en su sede, maquinaciones y contrataciones absolutamente fraudulentas, en lo que presuntamente es un grupo perfectamente organizado que actuó con total impunidad. Juicio a la vista con nuevos recursos y recusaciones que hemos planteado ante una última decisión incomprensible realizada por la magistrada “Concha” Espejel quien ha modificado el Tribunal que ya estaba formado para trufarlo con algún magistrado “sospechoso” de cierta afinidad. Justicia sí, pero imparcial.
El calvario de los populares continúa y su drama se recrudece con la ardua investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional con esa caja B que se vuelve a investigar tras la reapertura de la instrucción y donde comienza a confirmarse -tras pruebas solicitadas por esta acusación – pagos finalistas por parte de uno de los empresarios querellados. Esto es, hay pruebas de sobornos pagados por un empresario a cambio de contratos públicos. Este delito continuado de cohecho evidencia la existencia de un sistema perfectamente organizado de entregas de dinero a cambio de influencias, favores y cuantiosas  adjudicaciones.  Un sistema de extracción de dinero público montado por el PP, para desviar el dinero de todos en beneficio de unos empresarios. Y es posible que el PP tenga que incorporar a su saco de casquería otra causa más: la supuesta ‘mordida’ para la adjudicación de un contrato en Toledo, pues la Audiencia Provincial tiene ahora en su mano el resolver sobre el entramado entre una constructora, SACYR; un pago de 200.000 euros acreditado y que huele a financiación de la campaña de la Sra. Cospedal.
A todo esto hay que añadir un ingrediente más para un annus horribilis: FranciscoCorrea coquetea con colaborar, ahora sí, con la justicia.
Todas estas causas, junto a las investigaciones de las tramas Púnica y Lezo, estallarán al PP en su annus horribilis. Porque todas las causas apuntan a un modus operandi similar que evidencia que en el PP anidó una estructura corrupta nacional, autonómica y local donde el partido se nutrió con un sistema de cobro de comisiones o mordidas a cambio de contratos públicos con el que se beneficiaron esas élites empresariales extractivas de dinero público. Pagos con el que se remodelaban las sedes, se financiaban campañas y hasta se pagaban los sobresueldos de sus líderes, con M. Rajoy a la cabeza.
Esto, y quizá nuevas sorpresas, hacen que este próximo año 2018 vaya a venir cargado de alto voltaje judicial del que el PP puede salir cortocircuitado.

UN TAL ROJO, PERIODISTA ESPAÑOL DIJO QUE BÉLGICA ES UNA MIERDA

¿ASÍ QUE BÉLGICA ES UNA MIERDA?

Un periodista (¿periodista? español, un tal Rojo, es un descerebrado; dijo que Bélgica era una mierda. Salió en todas partes. Seguramente porque había dado asilo a Puigdemont, el presidente de Catalunya cuando éste decidió instalarse -refugiarse o como quiera ud. llamarlo.
Lea lo que sigue. 
¿QUÉ DIRÁ AHORA EL DESCEREBRADO?

La Justicia belga cierra el proceso de extradición abierto contra Puigdemont y los otros cuatro ex consellers huidos

Agencia Atlas0m 43s20
Carles Puigdemont es desde esta mañana y de forma oficial un hombre libre. Libre en todo los países del mundo salvo en España, donde su orden de detención sigue en vigor.La Justicia belga ha cerrado el proceso de extradición abierto contra el ex presidente catalán y los otros cuatro ex consellers huidos. Esto sucede el mismo día que el juez Llarena ha citado a declarar el próximo día 11 de enero al ex conseller en prisión Joaquín Forn y a los Jordis, tal y como solcitaron todos ellos. El juez hoy también ha rechazado permitir a Jordi Sánchez salir en libertad para participar en la campaña electoral catalana. PÚBLICO -REDACCIÓN-
COMO LAS COSAS SIGAN ASÍ, EL EX PRESIDENTE CATALÁN EN CUALQUIER MOMENTO TERMINARÁ CAMBIANDO EL NOMBRE A ESPAÑA.

LA DISOCIACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

La disociación de la sociedad española se ha disparado. Todo lo que sucede pareciera responder a un desencuentro que solo aparentemente puede atribuirse al conflicto que el Estado sostiene con Catalunya que ha actuado como catalizador del descontento general que se da cita en las calles con manifestaciones que reflejan inquietudes non sanctas.
En el día de la fecha, 21 de noviembre de 2017, un sector de la Guardia Civil, se ha manifestado abiertamente en contra de los inmigrantes –su expulsión-  apelando a actitudes y recordatorios que sostienen una alabanza a Hitler a través de pancartas, fotos y dichos al más puro es estilo fascista. La Guardia Civil es un cuerpo de policía del Estado que reniega-y así lo han manifestado sus agentes- de que sus sueldos estén por debajo de lo que cobran las policías locales (municipales) siendo que su nivel de compromiso, por la responsabilidad que les cabe, es mayor al de las policías locales. Su actitud ante la ciudadanía corresponde más bien al de un cuerpo de ejército que a un cuerpo policial. La formación de ambos difiere: las policías locales tienen por misión velar por la ciudadanía en términos empáticos; la Guardia civil actúa como agente del Estado, en su defensa, despertando en la gente un recelo que no tienen con la policías locales. La reacción de los catalanes respecto del traslado de cientos de Guardias Civiles–por no decir miles (que lo eran)- despertó en ellos  un gran desconcierto que los mal dispuso.  Una reciente encuesta en Catalunya  arroja un resultado poco optimista para Rajoy, solo un 1.3 % de los votantes le prestaría apoyo y cerca del 80 %  de los catalanes sienten que la actuación que le cupo al estado trasladando miles de de guardias civiles que actuaron con violencia contra los manifestantes no tendría que haber tenido lugar.
El descalabro y el irrespeto por la autoridad del gobierno del PP ha provocado quejas de los mismos guardias civiles que manifestaron su disconformidad por las incomodidades que padecieron cuando fueron alojados en un barco en el que no se prestaban las mínimas comodidades a la tropa. Estas circunstancias unidas a la buena disposición que mostraba la policía catalana –los mossos- ha desprestigiado al PP donde siguen saltando casos de corrupción, uno de los que ha tocado al marido de la Cospedal, Ministra de Defensa.
No es solo en este ámbito donde  se expone el desasosiego. La escasez  reina por doquier. No es raro que así sea habiendo tanto desempleo y miles de familias sumidas en la pobreza; o los crímenes contra mujeres por parte de sus parejas –solo en el transcurso del último años ha habido más de quinientas mujeres que han quedado inválidas de por viday los asesinatos  que se han cometido y se siguen cometiendo a diario según se ve en los telediarios; las asociaciones de mujeres que se manifiestan en la calle pidiendo ayuda por los latrocinios a los que se las somete.
¿Estaba usted enterado  de la cantidad de padres que matan a sus hijos?
Hubo uno que mató a sus hijos y los asó a la parrilla; otro que degolló a su hija de dos años mientras dormía. ¿En qué sociedad estamos viviendo? No estoy enterado de que esos países del Primer Mundo al que según Rajoy pertenecemos padezca estas atrocidades.
Un párrafo aparte merece una joven que fue encerrada en un cajero automático padeció cuando los Festejos de San Fermín el latrocinio de 5 jóvenes que la violaron y filmaron la fechoría según consta en el video presentado en el juzgado que lleva el caso. ¿Hay acaso algo peor? Sí! que los jóvenes violadores insisten en su inocencia alegando que los actos fueron consentidos y que el abogado que lleva su defensa ha pedido su absolución. Uno de los violadores es guardia civil, otro menor de edad.
La cantidad de jóvenes españoles entre 18 y 30 años que no estudian ni trabajan (NI-NI  se los llama) suma cientos de miles que superan el millón.
E l trabajo es precario: se trata de empleos de circunstancias que  pueden llegar  a ser de contratos semanales o mensuales, pero autorizan al gobierno de Rajoy a decir que el crecimiento de España , cercano al 3% anual, es lo que facilita el incremento de los puestos de trabajo. Poco dicen, por no decir “nada se dice” que la deuda del Estado Español supera el PIB llegando a nada menos que a más del billón 1.000.000.000.000  de euros. Tampoco se dice que los bancos a los que se ayudó para evitar un colapso no devolverán lo prometido por el gobierno a la ciudadanía: 50.000 millones ni tantas otras cosas que, como el dinero de las pensiones que  fue saqueado y ahora nos recomiendan que los pensionados adhiramos a empresas privadas para mayor seguridad. *

  • En Argentina pasó lo mismo y cuando confiadamente adherimos no pasó mucho tiempo hasta que el gobierno metió la mano y las vació,  es decir, "nos" vació porque nunca más vimos el dinero que habíamos invertido para asegurarnos el futuro con nuestro esfuerzo.

UN CHISTE SOBRE ESPAÑA Y LOS DERECHOS HUMANOS

UN CHISTE SOBRE ESPAÑA Y LOS DERECHOS HUMANOS

JESÚS LÓPEZ-MEDEL

CARLOS ECHEVARRÍA

“HAY ESCRITOS QUE, COMO LAS SENTENCIAS, DEBEN COMENZAR LEYÉNDOSE POR EL FINAL.

Este es el caso. Comiencen por la Postdata”
(Nota del editor).


La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.
No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la fiscalía general, dependiente del gobierno.
¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!
Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.
En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los derechos humanos. Me refiero al caso alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.
Se evidencia que al fiscal general, José Manuel Maza, reprobado por el parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la audiencia nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectivo su alarmante frase de que “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.
Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont.  Esto  va a crear unas tensiones enormes en la unión europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de derechos humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.
La orden de detención y entrega europea, instituida por la decisión marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre estados miembros de la UE.         
Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.
Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de derechos humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado Belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica huecas del “somos un estado de derecho”.
Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de rajoy, en los que califican como “totalitarias a la autoridades catalanas” o afirmando que se ha producido “un golpe de estado en Cataluña”.
No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la AMP, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ jueces para la democracia. Igual sucedió  en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la patria que la justicia!
Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.
Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la gran sala del tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.
Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.
En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los estados miembros formarán parte del derecho de la unión como principios generales”. y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.
Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.
Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España*. y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dicen el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.
Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención con la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.
En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. de eso también tomará nota el tribunal belga.
Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1 de octubre
La mala imagen de España en materia de derechos humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los estados democráticos, un plan de derechos humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de derechos humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Éste se calla aquí, pero es así.  
Las gravísimas mofas de los Policías Nacionales que custodian la audiencia mientras declaraban junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar  la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.
Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los derechos humanos en España y la connivencia entre el Poder Judicial y Ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes. Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y  democráticos de la unión europea.

P.D. Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, a la Fiscalía General española, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos humanos 1 - España 0. a ver qué dice ahora el tribunal supremo respecto a Carme Forcadell y la mesa del Parlament.

*LO CUAL ACABA DE SUCEDER -5-11-17
--------------

JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES ES EXPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA DE LA OSCE

CÓMO SE OCULTAN LAS LAS POLÍTICAS RESPONSABLES DE LA CRISIS SOCIAL

Banderas para ocultar las políticas responsables de la gran crisis social




Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
En estos días vamos a ver en Catalunya una situación que es bastante común hoy en España: grandes sectores de las clases populares y, muy en particular, de la clase trabajadora van a votar a partidos de persuasión liberal cuyas propuestas económicas neoliberales son claramente contrarias y opuestas a sus intereses.  Uno de ellos es el partido más ultraliberal de España (muy próximo al mundo de las grandes empresas del Ibex 35) y que en algunos temas económicos está incluso más a la derecha que el Partido Popular, yendo incluso más allá que lo que hoy están diciendo algunas figuras del establishment político-mediático de la Unión Europea que, por fin, se han dado cuenta del enorme daño que tales políticas han hecho a la población de los países europeos, cuyos gobiernos las han estado aplicando. La evidencia de que tales políticas, como las reformas laborales (que han sido responsables del enorme descenso salarial y aumento de la precariedad) y de los recortes del gasto público (causa del gran deterioro de los servicios públicos, como sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, servicios domiciliarios, entre otros y de las transferencias, como pensiones, del Estado del Bienestar) han dañado la calidad de vida de las clases trabajadoras es abrumadora. Nada menos que el Sr. Juncker, Presidente de la Comisión Europea dijo hace unos días que “las políticas de recortes y austeridad del gasto público social ha sido quizás el mayor error europeo en la crisis” (El País, 19.11.2017).
Pues bien, el partido Ciudadanos ha sido el más neoliberal de todos los partidos liberales que existen en España (Ciudadanos, PP y PDeCAT). Para aquellos lectores que crean que estoy exagerando les aconsejo que se lean las propuestas que Ciudadanos ha hecho a nivel Estado. Y de esta lectura se deducen sus puntos esenciales.
El programa neoliberal estatal de Ciudadanos
1.     Política Fiscal. Ciudadanos propone a la vez cumplir los objetivos neoliberales de déficit de la Comisión Europea con el ritmo asfixiante que la ortodoxia económica propone al tiempo que quiere hacer una reforma fiscal de reducción impositiva (reducción en la recaudación de 2.000 millones de euros en el IRPF).
Ciudadanos propone una reducción fiscal cuando a pesar de que el verdadero problema fiscal de nuestro país no es de gastos excesivos, sino de ingresos insuficientes, Ciudadanos, como también han declarado otros partidos liberales, aboga por bajar impuestos en la próxima legislatura. En este momento la distancia de recaudación fiscal que nos separa con la Eurozona es de más de 8 puntos porcentuales del PIB. La propuesta de reforma fiscal de Ciudadanos cuesta dinero a los contribuyentes, tiene efectos regresivos y no soluciona el principal problema de nuestro sistema tributario (su débil capacidad recaudatoria). Ciudadanos realiza un trilema imposible. Propone tres objetivos de política económica que son imposibles de realizar a la vez: reducir el déficit público al ritmo al que exige Bruselas, impulsar rebajas fiscales para los contribuyentes y garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. De ahí que Ciudadanos, igual que ha hecho el Partido Popular, haya optado en realidad por los dos primeros y en contra del último. En definitiva, reducir impuestos más mantener objetivos déficit es igual a recortes del Estado del Bienestar. 
 2Política laboral. Ciudadanos no establece ninguna medida para incrementar el salario mínimo de la economía (En realidad se niega a incrementar el SMI) y también se opone a empoderar a los sindicatos negándose a restablecer una negociación colectiva. También propone un contrato único en lugar de contrato indefinido y temporal como hoy existe. Con el contrato único, Ciudadanos pretende eliminar la “rigidez” que introducen los trabajadores indefinidos, pues sus “derechos” impiden que se les pueda despedir y/o que se pueda reducir su salario. Se soluciona la “dualidad”, y por tanto el problema del desempleo.
Pero la realidad muestra que la propuesta de C’s de contrato único, en lugar de revertir esta tendencia la mantiene y refuerza, convirtiendo de facto todos los contratos en temporales: aunque se les cuelgue la etiqueta de  indefinidos podrán ser rescindidos en cualquier momento con un coste mucho inferior al actual.  La apuesta de C’s –bajo la falsa excusa de que hay una parte de la población con “demasiados” derechos que impide que el mercado laboral sea flexible- es repartir “equitativamente” la precariedad, igualando a la baja las condiciones de todos los contratos y haciendo sostenible en el tiempo algo que habría que erradicar si queremos modernizar la economía española: la temporalidad y el fraude de ley asociado a la misma.
3.     Recorte de gasto público. Plantean reducir casi 4 puntos el peso del gasto en el PIB (del 43,3% al 39,4%)
Esta cifra es claramente insuficiente para dar credibilidad a cualquier “agenda social” o a la reversión de los recortes aplicados en estos años. Ciudadanos propone, en suma, consolidar los recortes ya practicados esta legislatura por el Partido Popular.
4.     Mantenimiento del Art. 135 CE. Ciudadanos promete cumplir con el artículo 135 de la constitución tal y como está actualmente (firmada en nocturnidad y alevosía por el Presidente Zapatero y por el líder de la oposición en aquel momento, el señor Rajoy) que fuerza al Estado a dar prioridad a pagar los intereses a la banca sobre cualquier otra intervención. 
Mantener el art. 135 es mantener el principio jurídico neoliberal de subordinar el Estado del Bienestar a los intereses del capital financiero.
Ni que decir tiene que Ciudadanos, como hacen los otros partidos de la derecha liberal, presentan sus programas sin nunca aclarar las consecuencias de sus propuestas, endulzándolas con todo tipo de lenguajes seductores que siguen las últimas técnicas de marketing político. Así hablan de “libertad” de “mercados”, de “competitividad” y otros, detrás de los cuales, hay una realidad de enorme explotación que favorece a un sector minoritario de la población (los ricos y super ricos -que derivan sus ingresos de las rentas de la propiedad y gestión de la propiedad de bienes y servicios- y las clases medias ilustradas que les sirven) a costa de la gran mayoría de la población que son las clases populares y las clases trabajadoras. Y los datos así lo demuestran. Las rentas del capital como porcentaje de todas las rentas del país han aumentado espectacularmente en todos los países que estas políticas se han aplicado a costa de un descenso muy notable de las rentas derivadas del trabajo. En realidad, este hecho es el causante de la enorme crisis social que tales países, como España, están teniendo.
¿Cómo puede ser que grandes sectores de la clase trabajadora van a votarles?
La respuesta es muy fácil y las elecciones catalanas lo muestran. El “frente patriótico españolista” liderado por Ciudadanos en Cataluña ha utilizado la bandera española para ocultar sus políticas neoliberales. Por cierto, lo mismo ha estado haciendo el gobierno Puigdemont (utilizando en este caso la bandera esteleda independentista). Las banderas hoy en Cataluña y en España están ocultando a los responsables de tanto daño a las clases populares. El sano amor al país en los dos lados del Ebro está siendo movilizado por las derechas neoliberales españolas y neoliberales catalanas para ocultar sus políticas neoliberales, ocultadas bajo las banderas.
En Cataluña tenemos por un lado el frente patriótico españolista, llamado unionista, que les une, no solo en el apoyo al 155 de la Constitución Española sino también el apoyo al artículo 135. Todos ellos (el PP, Ciudadanos y el PSC-PSOE) apoyaron la ley 135 (Ciudadanos no la votó pero hoy la defiende) que fuerza al estado español a dar prioridad a pagar los intereses a los bancos sobre atender a las necesidades de la población. Es el bando unionista y neoliberal. Pero en el otro bando, el independentista, llamado también secesionista –PDeCAT, ERC y CUP- está liderado por el PDeCAT, el superpatriota catalán, que se oponen al 155 pero en cambio, el PDeCAT no se opusó al 135. Es probable que la mayoría de la clase trabajadora catalana (de habla castellana) vote al primer grupo, por creerse que son los que defiende su identidad como españoles, además de catalanes. Pero tal defensa de la identidad les supondá un coste en su bienestar. La evidencia histórica es abrumadora, realidad que es incluso más clara, si este bloque “superpatriótico”, está liderado por Ciudadanos, el más ultraliberal.
Por otro lado, es probable que las clases de renta media y alta voten a los independentistas, para defender su identidad catalana que ven limitada, cuando no negada por el Estado español. Pero, la gran mayoría también verán afectada su calidad de vida por la aplicación de las políticas neoliberales que fueron impuestas (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales) por el partido que ha gobernado Cataluña durante la mayoría del período democrático, Convergencia (que es de la misma familia liberal europea que Ciudadanos). Hay que recordar que Convergencia gobernó en coalición con Unió Democrática (hoy en las listas del PSC) que tampoco se opusieron al 135.
Y ahí está el problema. El tema nacional ha ocultado el tema social. Hoy las únicas fuerzas que se oponen (como se han opuesto desde principio) al neoliberalismo (incluyendo el 135), poniendo las necesidades de las clases populares, ahora y no solo en el futuro como prioridad, es la coalición Catalunya en Comú-Podem. Sé que algunos me indicaran que la CUP también lo ha hecho. Pero tal partido ha siempre antepuesto el tema nacional sobre el tema social, habiéndose convertido en un apéndice de Junts Pel Si, apoyando al sucesor de Artur Mas y lo que tal partido representa.

Una última observación. Las voces críticas en este país tienen grandes dificultades en poder ser oídas consecuencias del enorme control de los medios de información por partidos con sensibilidad neoliberal o socioliberal (en el caso de los medios públicos) o por parte de los intereses financieros (en el caso de medios privados) y este control aparece claramente en estos días de elecciones, donde el dinero juega un papel determinante en el marketing político que caracterizas a las elecciones. Ciudadanos en Cataluña se está gastando millones para seducir a la clase trabajadora. En cambio las voces y partidos que pueden mostrar con datos que como bien dice el refrán “por mucho que se vista de seda, mona se queda”, no tienen tales medios. Y es a esto que le llaman democracia. Yo le ruego al lector, que si está de acuerdo conmigo, distribuya este artículo entre las poblaciones de barrios populares en Cataluña (y en el resto de España).