VERDAD SOCIAL Y VERDAD PENAL

 Por Amador Fernández Savater

Para plantear esta pequeña reflexión sobre las relaciones entre verdad penal y verdad(es) social(es) partimos de tres juicios muy recientes: Génova, 11-M y el 18/98.

Génova

Acaba de hacerse pública la sentencia del proceso judicial que se desarrollaba contra 25 personas acusadas principalmente de “saqueo y devastación” en las protestas contra el G-8 en Génova en 2001. Mientras se archiva la causa por el asesinato de Carlo Giuliani, esta vez las penas ascienden a 102 años.

De la sentencia se desprende que la represión policial fue una respuesta a la violencia ejercida por los manifestantes en la calle, cuando en realidad Génova padeció durante tres días un auténtico estado de excepción en el que se atacó brutalmente a todos los manifestantes, incluido al más piadoso seguidor de Gandhi. El objetivo era cortar de raíz la acumulación de potencia política que empezó en Seattle e iba de contracumbre en contracumbre. ¿El precio? 250 detenidos, 1.000 heridos, varias docenas de personas vejadas y torturadas en comisaría.

Las redes sociales y políticas presentes en Génova se han reactivado para denunciar la reescritura judicial de la Historia. Miles de testimonios, imágenes, reflexiones y relatos de viva voz no sólo transmiten la verdad de lo sucedido en las calles y comisarías, sino que mantienen vivo el recuerdo de lo que se quiso destruir: un movimiento muy plural pero articulado, con gran capacidad de contaminación social, creador de otras maneras de estar en la calle, otras estéticas y otros lenguajes, y que trataba de escapar por la tangente de cualquier escenario en el que lo “militar” predominase sobre lo político.

La sentencia judicial es una mentira que querría borrar nuestra experiencia directa, convertir a miles de manifestantes en violentos descerebrados, suscitar en cada uno vergüenza y culpabilidad por lo que hizo. Por eso la verdad social lucha contra ella.

11-M

Hannah Arendt decía que el castigo no restaura la justicia, pero que su inexistencia nos sume en una indignidad peor. Pienso que así es en el caso del 11-M: la impunidad sería lo insoportable mismo. Pero la justicia a la que se refiere Arendt pasa más bien por comprender qué sucedió, hacerse cargo y luchar para que no se repita. En ese sentido, aquí la verdad penal no es una mentira, pero tampoco contribuye en gran medida a la justicia. Es una verdad estrecha o incompleta.

¡Y sin embargo la pena ha sido el único horizonte de discusión pública! Sin ninguna resistencia, se han impuesto desde arriba los términos en que había que interpretar el juicio: inocentes o culpables. Versión oficial contra teoría de la conspiración. Otras lecturas han brillado por su ausencia, aunque había muchos elementos que podían habernos dado que pensar *como sociedad*: ¿por qué fue tan fácil conseguir dinamita? ¿Sigue siendo así? ¿La promiscuidad policía-confidentes contribuye a nuestra seguridad? Más allá de la responsabilidad *penal* de los autores materiales, ¿tienen alguna responsabilidad *social* los políticos que decidieron embarcarnos en la guerra de Irak? Etc. La delegación de la sociedad en el sistema jurídico ha sido paralela a la delegación de la sociedad en el sistema de partidos que caracteriza la etapa ZP.

¿Se han alimentado precisamente de ese vacío los Peones Negros y demás conspiranoicos? En su interpretación, los “agujeros negros” que podían suscitar interrogantes sobre nuestro funcionamiento social se zurcen bajo el patrón de una teoría total: la conspiración. Las preguntas posibles a elaborar (¿qué pasó el 11-M? ¿qué puede hacerse para que no se repita? ¿qué significa una memoria viva del acontecimiento?) tienen ya una respuesta que pasa por abatir a ZP. Se trata de una verdad completamente instrumental que no abre sino que cierra el tablero de ajedrez que nos ahoga: las dos Españas, la lógica política de bandos, etc. Sin embargo, nos gusten o no, los Peones Negros han elaborado un sentido al 11-M, ofrecen hoy una lucha y una forma de fidelidad activa y pública a la memoria de las víctimas. De ahí su fuerza, que ninguna sentencia va a erosionar.

18/98

Por último, el 18/98. ¿Se está construyendo un Derecho a la medida del que manda, el Derecho penal de autor, mediante el cual uno es juzgado por lo que es (islamista, abertzale, etc.) y ya no por lo que hace? ¿O bien redefine la organización en red del terrorismo los límites, los contornos y los entornos de las responsabilidades penales? Ciertamente, este juicio replantea mil preguntas decisivas sobre el espacio garantista del Derecho en nuestra época.

Pero entonces, ¿a favor o en contra el 18/98? Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Es decir, los aspectos judiciales han ocupado de nuevo todo el espacio de la reflexión social, cuando lo que este juicio cuestiona radicalmente es la misma existencia de la justicia como espacio puro, cerrado, neutral. Salta a la vista que la sentencia es parte activa de un clima político. Entonces, entre los que tienen claro que “todo es ETA” y los que tienen claro que “avanza el fascismo”, ¿hay alguna verdad social que pueda contribuir a agujerear ese clima en lugar de confirmarlo? Como en el caso del 11-M y a diferencia de Génova, no se trata de reactivar una verdad social ya existente, sino de crearla. Ahí está la verdadera dificultad.

Jean Baudrillard explica que en la lucha contra el terrorismo, *la misma sociedad es un rehén*. Espectador pasivo de su suerte, “representado” por unos o por otros, el rehén es la figura de la imposibilidad de la acción (esto es, de la política). Su existencia depende de un juego de manipulaciones y cálculos de poder entre agentes indiferentes a su destino y en los que él no puede intervenir. Como hoy todos somos rehenes, no hay quien pueda pagar nuestro rescate: sólo podemos liberarnos nosotros mismos. La verdad social es la toma de palabra desde abajo que nos pone de pie. No se alista en el bando de tal o cual captor, sino que denuncia y desbarata la misma situación de chantaje: desafía el secuestro de la política.