¿PUEDEN LAS TRANSNACIONALES RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS?

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Construyendo un mundo donde las transnacionales respeten los derechos humanos

Sol Trumbo

Investigador en el Transnational Institute (TNI) y activista en varias redes internacionales como la “Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, Poner Fin a la Impunidad y Reivindicar la Soberanía de los Pueblos”

En la semana del 24 al 28 de octubre tuvo lugar en la sala XX del Palacio de las Naciones, la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
 Ginebra, la segunda sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta para la elaboración de un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos.

Este Grupo de Trabajo está en marcha desde que se aprobó, en junio de 2014, la histórica resolución A/HRC/26/9, que pone fin a cuatro décadas de intentos infructuosos de iniciar dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU una discusión para construir un instrumento jurídico vinculante sobre transnacionales
en materia de derechos humanos. Reconociéndose así reivindicaciones de comunidades afectadas en todo el mundo.

Hasta ahora, la autorregulación y las guías voluntarias, como la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y los principios rectores de Ruggie, aprobados estos últimos por el Consejo de Derechos Humanos en 2011
y en proceso de implementación, se consideraban suficientes para tratar las
violaciones de derechos humanos cometidas por las transnacionales. 
Algunos van más allá. “¿Por qué definiría los tratados de inversión como
 una forma de protección de los derechos humanos? Bien, lo son en la 
medida en que protegen a los inversores particulares, es decir, la propiedad 
de seres humanos particulares”. Así se expresaba, ante el estupor general,
Ariel Meyerstein, del Consejo de Estados Unidos para el Comercio 
Internacional (USCIB), tratando de argumentar en la sala XX por qué no es necesario el tratado en discusión. Meyerstein hacía frente común con la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC), –dos de las organizaciones empresariales más grandes del 
mundo–,  y la propia Unión Europea (UE).

Las palabras del representante de las multinacionales estadounidenses chocaban todavía más en una semana en la que la aprobación del CETA, el tratado comercial entre la UE y Canadá, estaba en entredicho debido a las reservas presentadas por el gobierno regional de Valonia. Su elemento más controvertido es el sistema de protección de las inversiones mediante arbitraje (conocido como ISDS por sus siglas en inglés), que permite a las grandes empresas acudir a tribunales internacionales privados para demandar a los Estados por leyes que consideren que mermen su beneficios. Sistemas como el ISDS contienen normas claras sobre cómo iniciar un proceso, desarrollarlo y ejecutar la sentencia. En materia de derechos humanos no existe ninguna instancia similar, especialmente en cuanto a las obligaciones de las transnacionales.

Las transnacionales y quienes se oponen a que se les impongan normas vinculantes, argumentan que además de las guías voluntarias existen instancias judiciales nacionales y regionales que tienen la responsabilidad de asegurar la defensa de los derechos humanos y la compensación de daños ocasionados a las víctimas. Como ya señalé en un artículo anterior, estos sistemas han demostrado ser ineficientes y, en la práctica, numerosas transnacionales actúan con total impunidad.

Chevron (antes Texaco) es un ejemplo paradigmático. La transnacional estadounidense vertió millones de toneladas de residuos tóxicos durante décadas en la Amazonía ecuatoriana, a sabiendas de las consecuencias. Debido a ello, han desparecido dos pueblos originarios y se han visto afectados más de 30.000 indígenas, incluidos múltiples casos de cáncer y malformaciones. En 1993, varias comunidades indígenas iniciaron un proceso judicial contra Chevron en un tribunal de Nueva York. Tras casi diez años de litigio, Chevron logró convencer de que debía ser juzgada en Ecuador. Más de diez años después, la Corte Superior ecuatoriana dictaminó que Chevron debe pagar casi 10.000 millones de dólares en daños. Sin embargo, Chevron se niega a pagar y, al no tener activos en Ecuador, no se puede ejecutar la sentencia. Los demandantes han abierto el caso en otros países donde Chevron tiene activos, como Canadá, donde está todavía pendiente de resolverse. El coordinador del equipo legal contra Chevron, Pablo Fajardo, explicó en la sesión de la ONU que su equipo cuenta con menos de diez personas, mientras que Chevron  tiene más de 2.000 abogados contratados para el caso. Tras 23 años de litigios, las comunidades afectadas todavía no han accedido a la justicia, y es incierto que con los sistemas legales actuales lo consigan algún día.

El caso de Chevron no es aislado. Comunidades del Delta del Níger llevan casi tres décadas litigando contra la compañía petrolera Shell por violaciones similares. En Sudáfrica, fueron asesinados 34 de los mineros en huelga de la multinacional minera Lohmin; en Bangladesh, murieron más de 1.000 personas, en su mayoría mujeres, en el derrumbe del edificio Rana Plaza, donde se confeccionaban prendas de vestir para las mayores multinacionales de la moda, como la española Inditex.

En la sala también se aludió a la impunidad de la que gozan otras transnacionales españolas pese a cometer violaciones de derechos humanos. Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción e integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo,  Poner Fin a la Impunidad y Reivindicar la Soberanía de los Pueblos (Campaña Global) expuso situaciones como la de Ferrovial, que a través de su filial australiana, Broadspectrum, gestiona el centro de detención de solicitantes de asilo en Nauru, donde Amnistía Internacional ha denunciado violaciones de derechos humanos. O cómo la empresa Unaoil, con sede en Mónaco, usó prácticas ilegales con la multinacional española Técnicas Reunidas y Leighton Holdings, filial de ACS. La firma Unaoil ha cobrado de grandes corporaciones para conseguir contratos en países afectados por una gran inestabilidad política y la guerra, como Irak, Libia o Siria, donde se están cometiendo graves crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La creciente evidencia de la necesidad de crear instrumentos vinculantes ya ha sido reconocida en otras instancias fuera de las Naciones Unidas. En Francia se votará en 2017 una ley que permitirá juzgar los crímenes cometidos en terceros países por las transnacionales con sede o activos en el país galo. Y a fines de octubre, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que urge a la creación de instrumentos jurídicos vinculantes para las transnacionales más allá de guías voluntarias y la autorregulación.

Sin embargo, el papel de la UE en el Grupo de Trabajo no es coherente con dicha resolución. Ya en 2015, en la primera sesión en la ONU, la UE intentó hacer descarrilar el proceso proponiendo que el tratado no se centrara en las transnacionales, sino en todos los tipos de negocios. Una posición defendida por los representantes de las transnacionales y que, en la práctica, pondría en el mismo nivel de responsabilidad a un vendedor callejero que a una multinacional con cientos de miles de empleados y con operaciones en decenas de países. Tal y como plantea la Campaña Global, esa vía desnaturalizaría el tratado, eliminando la urgente necesidad de crear normas vinculantes para las transnacionales y sobrepasando además el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos al Grupo de Trabajo mediante la resolución A/HRC/26/9.

La similitud de los argumentos presentados por la UE, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) no es sorprendente, aunque no deja de ser triste evidenciar la facilidad con que las líneas políticas de las transnacionales marcan las propias de las instituciones de la UE, tal y como pasa con acuerdos como el TTIP y el CETA.

Por suerte tal y como se reconoció en la sala, los Estados que apoyan este proceso, encabezado por Ecuador, sienten que este goza de un enorme apoyo popular, en particular entre las comunidades afectadas.

Para ello ha sido determinante el trabajo de la mencionada Campaña Global, una coalición de 200 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades afectadas por las transnacionales, que organizó una semana de movilización en Ginebra, con actividades dentro y fuera de la ONU. Además de facilitar la presencia de decenas de delegados y delegadas de todo el mundo, la instalación de una tienda de campaña en la Plaza de las Naciones, en frente de la ONU, dio visibilidad a las víctimas de las transnacionales, ofreciendo también un espacio de discusión y de creación de estrategias conjuntas. La acción de la  Campaña Global fue también determinante en el Grupo de Trabajo, ante el que presentó seis propuestas que se deberían incluir en el futuro tratado, así como en la labor de coordinación para incidir en los Estados participantes con la amplia coalición de ONG Alianza por el tratado, un espacio de convergencia que la Campaña Global ayudó a construir y del que es parte.

Entre las propuestas de la Campaña Global estaría la creación de un tribunal internacional que tuviera competencias para hacer cumplir a las transnacionales sus obligaciones vinculantes. Obligaciones que se extenderían a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio (OMC), que, junto con el régimen de comercio e  inversiones, constituyen el andamiaje de actuación de las transnacionales. Se exige, en definitiva, que se dé prioridad a las comunidades afectadas y se antepongan los derechos humanos a  los derechos comerciales con el fin de desmantelar la ‘arquitectura de la impunidad’ de la que gozan las transnacionales.

El Grupo de Trabajo se volverá a reunir en 2017 para discutir el contenido concreto del tratado, y la Campaña Global se volverá a movilizar para asegurarse de que todas las voces sean escuchadas. Queda mucho camino por delante para que las transnacionales estén obligadas a respetar los derechos humanos, pero tras la sesión del pasado octubre se ha renovado el vigor de un proceso  que persigue construir un nuevo paradigma del derecho internacional: uno en el que los pueblos reafirmen su soberanía frente a las transnacionales.