El PP de Murcia creó una trama
para 'regalar' 600 millones a la empresa de Florentino Pérez
La UDEF
desvela en un informe que el Gobierno regional participó en una trama donde amañó
la adjudicación de la desaladora de Escombreras en favor de la constructora
ACS y desplazó todos los costes y riesgos a las arcas públicas.
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23/04/2018 11:04 Actualizado: 23/04/2018 11:15
PÚBLICO.ES
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional
ha desvelado en un extenso informe de más de 200 páginas que el PP de Murcia amañó la adjudicación de la desaladora de
Escombreras (Cartagena) y se la entregó a la empresa ACS.
De este modo, se desarrolló una 'trama del agua' con la que a través
de contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y
una larga lista de irregularidades contables, el PP cargaba las deudas de ACS a los presupuestos regionales de
Murcia.
Así lo recoge El
Confidencial, que ha tenido acceso al informe remitido en enero al
Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, después de que la UDEF
investigara en secreto desde hace dos años la tramitación de la planta en
el llamado caso La Sal.
La 'trama del agua' se desarrolló a través de contratos falsos y
facturas simuladas en las que el PP cargaba las deudas de ACS a las arcas
públicas
Esta
trama implica al ex consejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá
(2007-2015) y a una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. Además, la
mayor parte de las decisiones bajo sospecha se tomaron bajo el mandato
del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual
vicepresidente del Parlamento Europeo.
En concreto, la trama comenzó cuando la compañía de Florentino Pérez
pagó 1,1 millones de euros en facturas ficticiaspara negociar con
inversores locales que querían construir una desalinizadora que paliara el
déficit de agua en la región.
Entonces, el Gobierno de Valcárcel creó la
empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó
para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA.
Este proyecto se convertía por tanto en un trabajo gestionado en su mayoría por
la Administración regional.
Tras alirse con el PP, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la Desaladora
de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras
costaron 111 millones de euros -aunque documentos internos
las cifraron inicialmente en 24,6 millones- y las ejecutaron filiales de la
propia cotizada.
La UDEF concluye ahora en su informe que el proceso estuvo diseñado desde
el principio para que la Administración regional entrara en el
proyecto. Correos electrónicos hallados en registros así lo demuestran.
Existen documento redactados hasta ocho días antes de que el Gobierno del
PP anunciara la creación de la empresa pública.
En 2010 la Desaladora de Escombreras SA atravesaba por
graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y
la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera.
Entonces el PP decidió comprarle su 49%.
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció al PP por el
incumplimiento del plan de pagos
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció al Ejecutivo
regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos.
Reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034. Esto
podría suponer un total de 600 millones de euros, cuando solo invirtió 1,1
millones.
Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar esas exigencias si se demuestra
que toda la operación se basa en una cadena de engaños.
Además, al parecer la infraestructura fue utilizada para impulsar 26
convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. Con la producción extra de
la desaladora, el Gobierno de Valcárcel recalificó más de 180
millones de metros cuadrados de suelo para construir hasta
250.000 casas.
La instructora del procedimiento, la jueza Azuar, ha imputado ya
a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto.
Entre ellos, los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y
Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José
Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero
Sandoval.
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