... pero nos espera algo peor
¿Estamos ante su muerte? ¿Será cierto? Si lo es, se
trata de una gran victoria para una campaña que parecía no tener ninguna
posibilidad y que se enfrentaba a un impenetrable muro construido por la élite
política, económica y burocrática.
Todo parece indicar que el Acuerdo Transatlántico para
el Comercio y la Inversión (en inglés, Transatlantic Trade and Investment
Partnership o TTIP) ha muerto. El ministro de Economía de Alemania, Sigmar
Gabriel, ha indicado que las negociaciones con Estados Unidos han fracasado. El
primer ministro francés, Manuel Valls, ha anunciado su “interrupción”. Los
ministros belgas y austriacos se han manifestado en el mismo sentido. La
ciudadanía ha ganado. Al menos, de momento.
Sin embargo, los lobistas que reclamaban un tratado que
blindara los derechos de las grandes corporaciones no se rendirán tan
fácilmente. En realidad, este acuerdo ha sido expulsado del escenario por otro
que tendrá el mismo impacto y que se esconde detrás del telón.
De hecho, se trata de una versión mejorada y solo le
falta la aprobación final. Si se aprueba antes de que el Reino Unido salga de
la Unión Europea, nos atará de pies y manos durante 20 años.
El Acuerdo integral de Economía y Comercio
(Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) es un tratado de libre
comercio entre la Unión Europea y Canadá. Probablemente se pregunten cómo nos
podría perjudicar Canadá. En la práctica, permite que cualquier empresa que
tenga operaciones en ese país, aunque no tenga su sede allí, pueda demandar a
un gobierno ante un tribunal internacional especialmente creado para este fin.
Este acuerdo quiere terminar con todas las leyes que nos protegen de los abusos
de las multinacionales y evitar que los parlamentos de ambos lados del
Atlántico puedan aprobar legislación que nos ampare.
Afirmar que los gobiernos no tienen el mandato de la
ciudadanía para cerrar este tipo de acuerdos sería quedarse corto: los
ciudadanos les pidieron que hicieran todo lo contrario. Cuando a regañadientes
la Unión Europea hizo una consulta en torno a la propuesta del TTIP relativa a
otorgar nuevos derechos a las empresas, recibió 150.000 respuestas; el 97%
estaba en contra. Lo que ocurre es que cuando compramos mantequilla podemos
elegir, pero cuando se tienen que tomar grandes decisiones no nos tienen en
cuenta.
No está claro que los parlamentos nacionales puedan
vetar este acuerdo. El Comisario Europeo de Comercio ha indicado que no será
necesario: el texto puede presentarse ante el Parlamento Europeo sin necesidad
de pasar por los parlamentos nacionales. E incluso si los parlamentos
nacionales pudieran debatir la necesidad de este acuerdo, solo podrían
aprobarlo o rechazarlo. El contenido ya está cerrado.
La Comisión Europea no ha publicado el texto del
acuerdo hasta que las autoridades europeas y canadienses no han dado la
negociación por cerrada y el contenido del acuerdo se ha filtrado. Tiene 1.600
páginas y carece de una lista de contenidos o de un texto explicativo. Desde un
punto de vista de transparencia, paridad y de inteligibilidad, se asemeja a los
tratados sobre posesión de tierra que los líderes tribales africanos tuvieron
que firmar en el siglo XIX. Es difícil entender cómo los parlamentarios podrían
tomar una decisión fundamentada.
Si quieren comprar un coche de segunda mano, tal vez
el vendedor del concesionario intente engatusarlos para llevarlos a su terreno,
pero las leyes de la UE de protección del consumidor lo obligan a explicar los
riesgos de la operación. Si quieren conocer las ventajas y los inconvenientes
de “comprar” este nuevo acuerdo, no quedan amparados por leyes similares. La
página web de la Unión Europea afirma que se trata de un vehículo maravilloso
pero no advierte de los riesgos que conlleva conducirlo.
Aquí tienen la respuesta a la pregunta de si las
negociaciones del CETA se hicieron en secreto: “en absoluto, durante los cinco
años de negociaciones, la comisión organizó varios encuentros con
representantes de la sociedad civil”. Proporciona un enlace que a su vez
informa de los cuatro encuentros que se organizaron, todos en Bruselas y todos
controlados por asociaciones comerciales que, en cualquier caso, probablemente
están a favor de este tratado. ¿Cómo se anunciaron estos actos? ¿Qué esfuerzos
hicieron para intentar generar un debate en otros países? ¿por qué no se
organizaron más debates para que la sociedad pudiera dar su opinión, ya no
digamos dar su aprobación? Si esto es transparencia, no quiero ni imaginarme
qué consideran secretismo.
Tras intentar durante horas comprender el acuerdo,
acepté que era imposible entender las implicaciones que puede tener. Tuve que
fiarme de las opiniones de los expertos que trabajan para grupos como Attac, en
Alemania, y el Centro Canadiense para Políticas Alternativas.
Al igual que el TTIP, el CETA quiere blindar la
privatización e imposibilitar cualquier intento de renacionalización (por
ejemplo, de la red de ferrocarriles del Reino Unido) o de volver a asumir unos
servicios que están mal gestionados (como hizo Joseph Chamberlain en la ciudad
de Birmingham en el siglo XIX, lo que permitió levantar los fundamentos de las
prestaciones sociales que tenemos en la actualidad).
Al igual que el TTIP, tiene una definición muy amplia
de los términos “inversión” y “expropiación” para que las empresas puedan
demandar a los gobiernos si creen que una nueva ley amenaza sus beneficios
futuros.
Como el TTIP, limita las formas que tiene el gobierno
para proteger a la ciudadanía. Por ejemplo, prohíbe la normativa que evitaría
que los bancos crecieran en exceso. El acuerdo también parece ser una amenaza
para nuestras leyes de ordenación y otras protecciones del más elemental
sentido común.
El acuerdo cubre todo lo que no está expresamente
exento. En otras palabras, si los gobiernos no prevén un posible riesgo, luego
estarán atados de pies y manos. A título de ejemplo, la Unión Europea parece
haber renunciado a la posibilidad de que la banca comercial y la de inversión
sean dos entidades que funcionen por separado.
La CETA se autodefine como un tratado comercial pero
lo cierto es que muchas de sus cláusulas no tienen nada que ver con el
comercio. Más bien quieren someter la democracia al imperio del poder
empresarial. Millones de personas en Europa y en Canadá quieren dejar atrás la
era neoliberal. Este tipo de tratados no harán más que impedirlo y permitirán
que los políticos que no hemos querido en el gobierno ahora nos gobiernen
eternamente.
Si los parlamentos rechazan este acuerdo, redactarán
otro, como por ejemplo, el Acuerdo sobre servicios comerciales que la UE está
negociando simultáneamente con Estados Unidos y otros 21 países. El gobierno de
Theresa May ha mostrado su entusiasmo: “el Reino Unido mantiene su compromiso
con este acuerdo”. Se nota que están intentando recuperar el control sobre el
país tras el Brexit.
Los lobistas que trabajan para las empresas y sus
gobiernos rehenes han intentado imponer este tipo de tratados durante más de 20
años, empezando con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (como el TTIP,
las protestas ciudadanas masivas consiguieron pararlo en 1998). Trabajando en
secreto, sin haber alcanzado previamente un consenso democrático, siguieron
insistiendo, con la esperanza de derribar los muros de resistencia.
Cuando nos dicen que el precio que tenemos que pagar
por la libertad es tener que permanecer constantemente atentos se refieren
precisamente a situaciones como esta. Será una vigilancia perpetua; una lucha
que tendremos que librar el resto de nuestras vidas. Tenemos que ganar cada vez
que lo intenten porque, de lo contrario, con una sola victoria ellos habrán conseguido
lo que se proponen. Nunca bajen la guardia. Nunca les dejen ganar.
Traducción de Emma Reverter
ATTAC Madrid no se
identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son
firmados por la propia organización.
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