¿LAS SOCIEDADES OFF SHORE LEGALIZAN LA ILEGALIDAD?

Por Luis Manuel Arce Isaac La Habana, 5 abr (PL) La revelación de documentos acumulados durante 40 años en un bufete panameño de abogados de nombre Mossack-Fonseca, renueva dudas sobre las sociedades offshore creadas generalmente en países considerados paraísos fiscales. Como su nombre lo indica, offshore significa fuera de la costa, pero en términos financieros y jurídicos se les denomina así a empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, y son absolutamente legales. Las dudas radican en su locación, uso y dinámica operativa pues se organizan en regiones donde la tributación es inexistente y el sistema financiero otorga grandes ventajas como bajo costo y rapidez en la creación de una empresa, cero declaración sobre la renta y las ganancias, anonimato total en cuanto a la nacionalidad de accionistas y directores. Amparadas por el secreto bancario, no exigen la presentación de cuentas anuales, por lo que una empresa offshore no tiene gastos de contabilidad ni de auditoría, no hay ningún registro público ni auditorías y tienen absoluta libertad de movimiento o, en otras palabras, impunidad. Esas enormes ventajas, más otras muchas levantan sospechas permanentes acerca del uso o el objetivo real por el cual se crea una empresa cuya característica principal es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida ya que tendría que tributar como cualquier sociedad registrada en el país. De esa situación surge la creencia de que la sociedad offshore es una forma de legalizar una ilegalidad o encubrir delitos fiscales desde la evasión de impuestos y el comercio viciado, hasta el lavado de dinero procedente del narcotráfico o de malversaciones en el sector público. Pero eso habría que demostrarlo. Las sociedades y cuentas off shore también se caracterizan por la enorme cantidad de dinero que mueven, y ello, junto a los factores enumerados, ha propiciado acuerdos para cambiar esas estructuras y hacer más transparentes las operaciones offshore de todo tipo, en especial las financieras, a partir de 2017. El Fondo Monetario Internacional estima en cifras sin actualizar los activos extraterritoriales reportados en los estados financieros de las instituciones bancarias, hasta de cinco billones (millones de millones) de dólares en fecha tan lejana como el año 2000. No se piense que todo ese dinero está en islas del Caribe o del Pacífico consideradas paraísos fiscales, pues una parte mayoritaria son depósitos en centros financieros internacionales como Japón, Londres y Estados Unidos. La Tax Justice Network (grupo dirigido por James Henry, execonomista principal de la consultora McKinsey), señala que pueden existir entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que de pagar impuestos habrían aportado un aproximado de 230 mil millones de euros. Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con legislaciones en algunos estados, como Delaware, Wyoming o Nevada que permiten una exención de impuestos para sociedades limitadas (LLC) en manos de extranjeros no residentes, siempre y cuando no mantengan un establecimiento físico en el país. Reino Unido es un paraíso fiscal para personas con domicilio en el extranjero, incluso aunque sean residentes en el país pues no pagan impuestos sobre los ingresos extranjeros que no se remitan a ese país. En Irlanda y Suiza las situaciones son parecidas. Los estados ricos en petróleo cuya élite suele caracterizarse por su gran movilidad, son especialmente propensos a depositar su riqueza en esas cuentas, de allí que en los listados revelados en los Panamá Papers haya tantos emires y califas, y esté incluida Arabia Saudita. El académico Sergio Costa SantAnna, profesor colaborador de IESE Business School y de la Universidad Pompeo Fabra dice que hoy en día más que en otros momentos, las jurisdicciones offshore no son vistas con buenos ojos por la población y gobiernos ya que en casi todos los escándalos de corrupción y crímenes en el mundo estos centros están involucrados de alguna forma. No obstante, agrega, es importante dejar claro que tener una cuenta offshore o hacer una planificación fiscal internacional para reducir la carga tributaria no es ilegal y mucho menos caracteriza evasión fiscal. Si las sociedades offshore no son ilegales, ¿por qué ha generado tanto escándalo la irregular revelación de los papeles panameños? Pues, entre otras cosas, porque los involucrados en ellas van a tener que aclarar la procedencia de sus capitales y demostrar que han sido abiertas no para ocultar patrimonio, ni actividades ilícitas o para esconder dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países de residencia. Otra pregunta surge de esto: ¿Por qué revienta el problema ahora y no en época del expresidente Ricardo Martinelli cuando la condición de paraíso fiscal del istmo era muy evidente y Panamá estaba en la Lista Gris del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de la cual salió hace solo unas semanas tras las acciones de control emprendidas por el gobierno de Juan Carlos Varela?