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Cártel de partidos
Quisiera dar las gracias por haberme permitido denunciar la
corrupción dentro del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las
puertas del Congreso, me podría costar hasta 600.000 euros
Intervención íntegra del analista económico Miguel Ongil,
miembro del colectivo Cuentas Claras, en la sesión sobre regeneración
democrática y lucha contra la corrupción de la Comisión Constitucional Miguel
Ongil 28/04/2014 - 19:50h
Quiero empezar explicando los tres documentos en los que voy a
basar mi comparecencia. El primero, es un artículo que publicamos la semana
pasada contando las veintiuna lagunas legales que tiene el proyecto de ley
presentado por el Gobierno sobre financiación de partidos. El segundo, sería el
punto relativo a un libro que he publicado junto con Manuel Maroto y Suso
Baleato y Victoria Anderica y el tercero es una consulta pública que abrimos
hace escasamente una semana para recoger opiniones del público. Creemos que
solamente se ha llamado a declarar a doce personas y muchísima gente no solo
tiene algo que aportar, sino que tendría que tener el derecho de aportar en un
tema tan sensible como este.Voy tratar de trasladar estas propuestas, si bien no
les voy a trasladar es todos los insultos, las palabras gruesas que me han
dedicado. Los cinco puntos en los que se dividen las propuestas son impunidad,
transparencia, independencia de la justicia y de los órganos de control, la
financiación de partidos y por último, el sistema de partidos y la participación
ciudadana.
No me voy a poder detener en los tres primeros, pero gracias a
que hemos tenido participación en esta consulta abierta, no quiero dejar de
mencionarlos. O sea por un lado está la independencia de la justicia y de los
órganos de control como en este caso sería el Tribunal de Cuentas; dentro de la
transparencia creemos que una ley, de verdad, de transparencia recoja el derecho
de acceso a la información, un control del lobby –tenemos derecho a saber con
quién se reúne antes de tomar las decisiones–, tenemos propuesta de contratación
pública –una base de datos nacional sobre las licitaciones– y también la
prevención de los whistle–blower (de las filtraciones) ya sea dentro de la
Administración pública o en la empresa privada.El tercer punto es la impunidad.
No me voy a extender aquí porque ha habido expertos constitucionalistas,
todo tipo de catedráticos que han hablado antes de esto, pero es evidentemente
una grandísima demanda ciudadana acabar con todo este tipo de indultos a
corruptos, prescripciones, inhabilitaciones, aforados y el hecho de que no esté
incluido el delito de financiación de partidos en la reforma del Código Penal.
Aquí me quiero detener porque no es suficiente con incluir este delito no
solamente para los corruptos, hay que señalar también a los corruptores, al
poder económico que está en la raíz de este tipo de corrupción.
Y un último
comentario, antes de pasar a hablar de la financiación de partidos, es que sin
duda es importante al tratar el tema de la reforma de la justicia el acabar con
la impunidad, pero lo que no podemos hacer es desviar toda la atención y pensar
que un problema que es en su raíz político puede ser solucionado solamente por
la vía penal.Sobre la financiación de partidos. Es una pena que no vayamos a
tener el tiempo de discutir apropiadamente sobre diferentes modelos de
financiación. Escucho y me hace gracia –bueno, o me cabrea un poco– el reducir
toda la discusión sobre si queremos un sistema de financiación pública o un
sistema de financiación privada. En la actualidad lo que tenemos es básicamente
que los partidos pueden recibir donaciones sin límite vía fundaciones de
personas físicas, de personas jurídicas; pueden invertir en bolsa; pueden tener
sus propias actividades; tienen exenciones fiscales, tienen deducciones
fiscales; reciben dinero público a espuertas, y no tienen ninguna limitación
sobre el endeudamiento. Esto, dentro de una situación en la que ni siquiera
justifican todo el dinero que reciben, todo el dinero público. Lo lleva diciendo
el Tribunal de Cuentas un año tras otro: se dejan 60 millones sin justificar, la
mayoría provenientes de las agrupaciones locales, donde creo que podríamos estar
de acuerdo en que se concentra gran parte de la corrupción urbanística. Y
tenemos una supervisión que no es ni efectiva ni real: el Tribunal de Cuentas es
más parte del problema que de la solución. Además no hay ningún tipo de
sanciones, no se ha dado en toda la historia desde la Transición una sanción a
ningún partido político. Entonces, yo les pregunto, ¿qué modelo tenemos en
España si no es el del todo vale? Esto habría que hablarlo con más profundidad.
Lo segundo, ya que no vamos a poder debatir en profundidad sobre las diferentes
opciones, es por lo menos tratar de limitar los daños con nuestros comentarios a
la propuesta de ley del Gobierno.
No hemos sacado una ni dos ni tres, sino
veintiún puntos negros muy importantes que incluye la propuesta del Gobierno de
ley de partidos o que deja sin solucionar. No voy a pasar por los veintiuno,
pero sí quiero mencionar unos cuantos de ellos.Es increíble que siga siendo
posible donar sin límite inmuebles. En teoría hay unos límites para las
donaciones dinerarias, pero Emilio Botín o cualquiera podría comprar un edificio
de diez millones de euros y dárselo a un partido, y sería perfectamente legal.
Además no entiendo que en esta nueva propuesta de financiación se permita donar
a extranjeros, parece que el que no se tenga el derecho a voto no es un problema
para influir e intervenir directamente en el sistema de partidos. Las empresas
podrán seguir ganando ilimitadamente, solamente lo tendrían que hacer por la vía
de las fundaciones.
Todo el sistema que están proponiendo de aceptación de
donaciones es realmente increíble: los partidos tendrán hasta el tercer mes
después del ejercicio para decidir si aceptan o no dinero que pueden tener desde
hace doce o trece meses en sus cuentas. No sé cuál es el objetivo de esto pero
lo que está claro es que sí pueden realizar operaciones de inversión pese a que
tienen prohibidas las actividades mercantiles en teoría.
La propuesta de
decir que se le va a dar publicidad a las donaciones es una tomadura de pelo. Sí
está recogido que se tiene que incluir en la memoria la relación de donantes,
pero a la vez la misma ley no obliga a publicar la memoria, o sea, que
seguiremos en la misma situación en la que estábamos.
El sistema de
prescripciones también es otra tomadura de pelo a la ciudadanía. Según la
gravedad de las infracciones, se contemplan plazos de uno, dos o cuatro años; yo
no entiendo por qué tiene que haber un plazo menor a diez o quince años, pero es
que además se da que las infracciones más leves serían por ejemplo no presentar
las cuentas o negarse a colaborar con el Tribunal de Cuentas.
O sea, que yo
me pregunto: si esta es la situación para las más graves, que prescriben antes
siquiera de que el Tribunal de Cuentas sea capaz de publicar sus informes, ¿cómo
se supone que va a ser capaz de demostrar las infracciones más graves?El
Tribunal de Cuentas, propuesta para hacerlo independiente. Por ley tiene que ser
independiente y ya está, sin cambiar su estructura ni cómo es el método de
elección de sus consejeros.
Y les recuerdo que el Tribunal Supremo ya les
sacó los colores diciendo que hay más funcionarios elegidos a dedo que
funcionarios de carrera.Una de las grandes cosas que se vende como transparencia
es que los tesoreros de los partidos podrán venir al Congreso. Eso será si así
lo decide la Comisión Mixta, la misma Comisión Mixta que era la encargada de
decidir si se ponían sanciones a los partidos, que no las ha habido nunca.
Más que nada estamos en contra de este modelo que ustedes llaman –por lo
visto– modelo del fusible; es mucho más cómodo tener una persona que sea la que
está expuesta, que es la que tiene que dar la cara, que es fácil de quemar y
fácil de sustituir sin que esto llegue a afectar a otras estructuras del partido
ni a otros cargos públicos. La alternativa que nosotros proponemos a esto es
empoderar a los militantes. La ley de partidos está totalmente vacía de
contenidos y deben tener mayor responsabilidad en el propio control de las
cuentas, para eso es necesario también que haya órganos de control y de
arbitraje elegidos independientemente de la dirección de los partidos. Además,
como por ejemplo existe en la ley alemana de partidos, creemos que, ya sea a
nivel local, regional, autonómico o nacional, tiene que haber tres encargados de
firmar las cuentas como en el caso de Alemania –en la que cualquier infracción
puede llevar aparejadas penas de hasta tres años–: la presidencia de esa
agrupación, de ese partido, el propio tesorero y un interventor.
En cuanto a la democracia interna, como digo, no está en ninguna
parte, se sigue sin legislar y lo que ha quedado claro es que los partidos son
incapaces de autorregularse, lo hemos estado viendo y a la vista están las
consecuencias. Si acaso se trata de regular por la vía del Código Penal, que es
a lo que estamos acostumbrados, todo lo que no es delito es legítimo, hasta que
un juez no se pronuncia, aquí no ha pasado nada, esta es la forma de eludir las
responsabilidades políticas.Por otro lado, no se limita de ninguna forma el
endeudamiento.
Resulta que los partidos deben, según los últimos datos del
Tribunal de Cuentas, 275 millones a las entidades de crédito y según el mismo
informe, diecisiete formaciones tienen patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere
decir esto? Que hay un buen número de partidos que, si no se renegociaran los
créditos, a lo mejor no serían capaces de pagar las nóminas al día siguiente.
Es importante entender que las dependencias financieras crean dependencias
políticas.Por último, también quería señalar los partidos se seguirán legislando
a sí mismos, este es el problema central que tenemos por resolver; el conflicto
de intereses de los partidos siendo los legisladores y legislados al mismo
tiempo no se le escapa a nadie. Esto es lo que va a llevar a que no se solucione
el problema. Y más allá de si esa es la mayoría actual de Gobierno o las
anteriores, este círculo de impunidad no se va a poder romper si no es
introduciendo la participación ciudadana. Una vez que nos encontramos en este
callejón sin salida, esta falta de voluntad de realmente atajar los verdaderos
problemas, nos planteamos que quedan solamente dos salidas y dos alternativas.
Por un lado, tenemos que incluir, como decía, mecanismos de participación
ciudadana y es simplemente cumplir lo que dice la Constitución en el artículo
23, que los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en la política o
bien por medio de sus representantes. Podemos ver un montón de experiencias en
otros países de cómo se ha tomado esta situación. Como decía, hay dos salidas.
Por un lado, es la participación ciudadana y, por otro lado, necesitamos otro
tipo de partidos y otro tipo de políticos.
Termino con la participación ciudadana. No puede ser que un
ciudadano cualquiera no tenga derecho a saber las cuentas o a investigar o
simplemente a reclamar más información. La única información que tenemos es a
través de las gafas de color rosa del Tribunal de Cuentas. Si queremos reclamara
algunas veces, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, resulta que necesitamos
el concurso de algún partido para hacer este tipo de reclamación. No queremos
más derechos tutelados, queremos poder interactuar directamente en estas
situaciones, es decir, extender los derechos ciudadanos de supervisión, de
control y también de queja y de demanda ante las administraciones.
En el
caso de la corrupción ni siquiera tenemos herramientas como las iniciativas
legislativas populares. Algunos ejemplos que ha habido en otros países de
participación son el muy manido caso de la Constitución en Islandia. También
tenemos un caso que a mí me parece particularmente interesante en la Columbia
británica donde los partidos se comprometieron a dar a una asamblea de
ciudadanos el poder de cambiar la Ley Electoral, que es otra ley que tiene
exactamente el mismo conflicto de intereses para los partidos como legisladores
y legislados y se comprometieron a aceptar lo que esta Asamblea de ciudadanos
propusiera para cambiar la Ley Electoral. Podemos pensar en un tipo de mecanismo
parecido.También les invito a echar un vistazo a la convención constituyente que
están haciendo en Irlanda. Es otra modelo diferente donde dos tercios de los
miembros son ciudadanos y un tercio son representantes políticos. Al fin y al
cabo hay diferentes modelos, según si la elección de los ciudadanos sea directa
o sea por sorteo, si son mixtos, ciudadanos o representantes políticos.Sobre
determinar el sistema de partidos, lo que tenemos es lo que los politólogos
llaman un sistema cártel de partidos. ¿Qué significa esto, por poner un ejemplo?
Si las industrias –hagan un esfuerzo de imaginación– fueran las mimas las
que hicieran su propia regulación, ¿a que los precios subirían? ¿A que
aumentarían sus beneficios? ¿A que cerrarían la competición a nuevos actores y a
que saldrían perdiendo todos los consumidores? Esto es lo que está pasando
exactamente con el sistema de partidos. Tenemos una ley electoral que tiene
unas barreras de entrada enormes para los nuevos partidos y crea unas
distorsiones muy importantes en la representación. Estas distorsiones además se
reflejan y se amplifican en la financiación de partidos porque, al contrario de
países como Francia, Alemania e Italia, la financiación queda restringida
exclusivamente a los partidos con representación. Por ejemplo, en Alemania el
suelo para tener representación es un 5% y un 0,5% solo para recibir
financiación.
La Ley de Partidos está hueca, no se regula la democracia
interna y por eso tenemos todas esas estructuras clientelares dentro de los
partidos en donde no se asume la meritocracia. Al final es un sistema incapaz de
reciclarse y de depurar todos los elementos corruptos y tóxicos. Es como si
hubiesen diseñado un coche sin tubo de escape, en donde nos estamos ahogando
todos dentro. Si no tenemos ningún mecanismo para denunciar esto, para cambiar
las cosas, para poner nuestro granito de arena, lo único que nos queda son las
manifestaciones, salir a la calle; y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de que
nos peguen, de que nos multen o de que nos criminalicen. Tienen que saber que no
vamos a parar. Si nosotros hemos sido capaces en Semana Santa, deprisa y
corriendo, de hacer una consulta pública y recoger otras voces, ¿por qué ustedes
no quieren? Para terminar –esto es lo último que voy a decir, de verdad–,
quisiera dar las gracias por haberme permitido denunciar la corrupción dentro
del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las puertas del Congreso,
me podría costar hasta 600.000 euros.
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