ESPAÑA, CATALUÑA, EUROPA Y LOS DERECHOS HUMANOS
JESÚS LÓPEZ-MEDEL
CARLOS ECHEVARRÍA
“HAY ESCRITOS QUE, COMO LAS SENTENCIAS, DEBEN COMENZAR LEYÉNDOSE POR EL FINAL.
Este es el caso.
Comiencen por la Postdata”
(Nota del editor).
La orden de detención europea contra Puigdemont abre
otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen
calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el
régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y
alcance políticos.
No se discute que la actitud de las autoridades
catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la
posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero
ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que
promueve la fiscalía general, dependiente del gobierno.
¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión
de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más,
llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y
líderes sociales!
Es muy grave la internacionalización del conflicto: la
imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. esta
apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito
internacional.
En primer lugar hay que referirse a las consecuencias
muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la
fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro
caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores
de los derechos humanos. Me refiero al caso alsasua, donde unos
enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados
por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de
este delito.
Se evidencia que al fiscal general, José Manuel Maza,
reprobado por el parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en
manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni
siquiera competencia de la audiencia nacional. De ahí su empecinamiento en
atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil
conseguir hacer efectivo su alarmante frase de que “hemos tenido mucha
paciencia” con los independentistas.
Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara
indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán,
la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes
en la unión europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que
revelará cómo está España en materia de derechos humanos. Me anticipo a lo que
pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el
proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.
La orden de detención y entrega europea, instituida
por la decisión marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico
de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un
instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado
en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás
resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre estados
miembros de la UE.
Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y
entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley
penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y
fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere
un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen
debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un
juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de
manera respetuosa con los derechos humanos.
Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse
que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de
derechos humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el consejo de Europa o
incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida
en la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
Pero no son solo algunos organismos internacionales,
también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el
propio Estado Belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el
pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de
que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es
acallado aquí con la retórica huecas del “somos un estado de derecho”.
Esas impresiones cada vez se extienden más entre los
ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales
emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del
gobierno de rajoy, en los que califican como “totalitarias a
la autoridades catalanas” o afirmando que se ha producido “un golpe de
estado en Cataluña”.
No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus
compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran
afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas
muy de derechas como la AMP, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente
se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ jueces para la democracia. Igual
sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados
patrióticos. La excusa era corporativa: “proteger a nuestros compañeros en Cataluña”.
Para ellos, ¡antes la patria que la justicia!
Si la orden de detención europea fuese denegada, a España
le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de
resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.
Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de
una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la del 5 de abril de 2016
que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del
derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro
que fueron sometidas al TJUE por un tribunal de Bremen (Alemania), que era
donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se
alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La
extradición fue rechazada por la gran sala del tribunal de Luxemburgo afirmando
que los dos países no ofrecían suficientes garantías.
Esta sentencia aplica como sustrato los derechos
humanos e invoca tanto la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea
como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma,
referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.
En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea
(TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y
principios enunciados en la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”.
Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el
mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales
que garantiza el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y
los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los estados
miembros formarán parte del derecho de la unión como principios generales”. y
ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela
judicial efectiva.
Así, pese a los postulados de presunción de confianza
legítima y el reconocimiento mutuo entre estados, pilares en que se basa la
orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución
en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente
por un estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la
dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos
públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas
o tratos degradantes.
Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las
autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España*. y serían
varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión
y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las
causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque
tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo
que dicen el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente
claramente político en el enjuiciamiento. debe recordarse que una cosa es que
hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia,
prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados
por secesión o rebelión.
Este carácter político del proceso judicial se
evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado,
advirtiendo que Puigdemont podría acabar como companys (prisión y
fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención con la
prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se
presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y
los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda
a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y
resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en
algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.
En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima
de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela
una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el
gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una
resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les
enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los
documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa
forma de actuar evidencia algo grave. de eso también tomará nota el tribunal
belga.
Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar
que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la
producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido:
la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. fue
el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1 de octubre
La mala imagen de España en materia de derechos
humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los estados
democráticos, un plan de derechos humanos, sino también, por ejemplo en que es,
tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de derechos
humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por
torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a
investigar. Éste se calla aquí, pero es así.
Las gravísimas mofas de los Policías Nacionales que
custodian la audiencia mientras declaraban junqueras y los otros consejeros
revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen
por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar
la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión,
de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.
Son numerosos los elementos que las autoridades
judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo
solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la
balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo
que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los derechos
humanos en España y la connivencia entre el Poder Judicial y Ejecutivo a la
hora de enjuiciar asuntos relevantes. Se inicia el proceso, pero estoy seguro
de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales
belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. significa que estamos más cerca
de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y
democráticos de la unión europea.
P.D. Escrito y enviado este artículo llega la noticia
de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con
medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen
Lamela, a la Fiscalía General española, las asociaciones ‘patrióticas’ de
jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos
humanos 1 - España 0. a ver qué dice ahora el tribunal supremo respecto a Carme
Forcadell y la mesa del Parlament.
*LO CUAL ACABA DE SUCEDER -5-11-17
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JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES ES
EXPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA DE LA OSCE
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