La nueva política económica que España necesita.
Paul Krugman dice que defender la prioridad de atajar el déficit
público y la inflación solo se puede hacer desde la “estupidez económica”, o
desde la crueldad social añadimos nosotros.
Un país como el nuestro, en el que ocho años después del estallido
de la crisis financiera aun mantiene una tasa de desempleo del 21%, 4.779.000
parados según los últimos datos de la EPA, necesita un gobierno que tenga como
objetivo prioritario terminar con las políticas de austeridad y devaluación
salarial que han aplicado los gobiernos de nuestro país desde 2010.
Esto significa revertir los recortes sufridos en la inversión
pública y en los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad,
dependencia), más de 30.000 millones de euros en el periodo 2009-2014; y
abandonar el “fetichismo del déficit”, que consiste en condicionar toda la
política presupuestaria a la consecución dogmática de un objetivo concreto de
déficit público que no tiene ninguna justificación económica, sacrificando en
ese altar cualquier otro objetivo de política económica, y principalmente, como
estamos viendo, el empleo.
Es curioso que a pesar de que se está produciendo un fuerte
consenso internacional, y también de expertos económicos nacionales, sobre la
necesidad de impulsar medidas de expansión fiscal para salir de la crisis
social en la que están inmersos los países del Sur de Europa, ese consenso no
impregna el debate político vinculado con la formación del nuevo gobierno de
España.
El propio presidente del Circulo de Economía, Antón Costas ha
dicho que España ha crecido en estos últimos años “gracias, en gran medida, al
hecho de que se ha incumplido el déficit”, un análisis compartido por CCOO. Hay
que recordar que forman parte de la dirección del Círculo de Economía
importantes empresas como, entre otras, el Banco Sabadell, Agrolimen, Puig,
Roca, Moldiberica, La Caixa, Hotusa.
Para reducir sustancialmente la tasa de desempleo de nuestro país,
sin expulsar a miles de trabajadores cualificados, es necesario garantizar un
crecimiento similar al del último año, haciéndolo menos dependiente de factores
externos y más sostenible, y para ello es precisa una nueva política económica
que permita disponer de márgenes presupuestarios suficientes para impulsar la
actividad productiva.
Renegociación de los plazos y condiciones de
objetivos de déficit
Ello exige una renegociación de los plazos y condiciones de
cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. España en 2015
volvió, por octavo año consecutivo a incumplir las previsiones de déficit
público y no ha pasado nada. Es más, cuando en 2012 nuestro déficit alcanzó el
7,1%, frente al 4,4% comprometido, la Comisión Europea no obligó a que se
alcanzara el 3% en 2013, como estaba previsto. Al contrario, permitió que
llegara al 6,5% ese año, y atraso el objetivo de cumplimiento del 3% hasta
2016, en concreto un 2,8%. ¿Si se hizo en 2013 porqué no se puede hacer en
2016?
Un reciente trabajo de Blinder y Zandi del Center on Budget and
Policy Priorities con sede en Washington ha puesto de relieve los efectos que
habría tenido en la economía estadounidense el que no se hubieran puesto en
marcha las medidas de expansión monetaria y fiscal que impulsó el gobierno
estadounidense desde 2008: la caída del PIB en vez del 4% habría ascendido a un
14%; la contracción se hubiera alargado más del doble del tiempo; se habrían
perdido 17 millones de puestos de trabajo, el doble del número real, alcanzado
la tasa máxima de desempleo el 16%; el déficit presupuestario habría crecido
hasta un 20% del PIB; en conclusión la economía estadounidense sería ahora
mucho más débil, como lo es en la actualidad la europea.
Resulta evidente que si en la zona euro se hubieran tomado medidas
similares a las tomadas por EEUU, nuestra situación sería muy diferente. En
2014 el PIB real de la zona euro (12) era un 2% inferior al de 2008, mientras
que el de EEUU se había situado 7 puntos por encima.
En el caso de la economía española esto debe hacerse desde el
incremento del gasto público, y no desde la reducción de los impuestos como
plantean el Partido Popular y Ciudadanos. Ya que los multiplicadores del gasto
en la actividad económica son muy superiores a los de los ingresos, tienen un
valor que oscila entre el 1,3 y 1,7, como han puesto de manifiesto los
economistas Ignacio Zubiri y Jabier Martínez de la Universidad de Deusto, en
consonancia con lo que en su momento planteó el propio FMI, reconociendo los
errores de sus estimaciones iniciales para justificar las políticas de
austeridad.
En este sentido, resulta absurdo justificar el mantenimiento de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y el propio concepto de déficit estructural
en ella contenido, así como la actual redacción del Artículo 135 de la
Constitución. El déficit estructural se define como el déficit que permanecería
si el crecimiento de nuestro país se igualara con su crecimiento potencial,
crecimiento de plena ocupación de los factores productivos, trabajo y capital.
Pero ¿de qué crecimiento potencial estamos hablando, cuando los flujos
migratorios no permiten hacer estimaciones realistas del volumen de empleo
potencial de un país; cuando la liberalización de los movimientos de capital no
permite hacer una estimación realista del capital potencial de un país, o
cuando no se considera la innovación en proceso para el cálculo del crecimiento
del PIB potencial?
No obstante, el alargamiento de los plazos de cumplimiento del
déficit público es insuficiente, la economía española debe afrontar una
ambiciosa reforma fiscal en términos de equidad (distribución de esfuerzos
entre las distintas fuentes de renta), suficiencia (equiparando la recaudación
fiscal con la media de los países de la zona euro) y eficacia (combatiendo de
forma efectiva tanto el fraude como las distintas formas de elusión fiscal,
mediante actuaciones normativas y un notable refuerzo de los medios materiales
y humanos de la Agencia Tributaria). Algo que incluso defiende FEDEA, que no
puede ser considerada una entidad sospechosa de coincidir con nosotros, cuando
dice que la economía española cuenta con un sistema impositivo muy ineficiente
que no es capaz de recaudar suficientes recursos para financiar nuestro Estado
de Bienestar. Aunque no coincidamos en las mismas figuras tributarias, hay que
resaltar que FEDEA reclamaba una reforma tributaria que sea capaz de recaudar
40.000 millones más al año. La Fundación 1º de mayo de CCOO ya demostró que la
principal causa de la caída de los ingresos fiscales en nuestro país, y por
tanto del incremento del déficit público, había sido la evolución del Impuesto
de Sociedades, que perdió ingresos por valor de 28.000 millones de euros de
2006 a 2011.
El mantenimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y el propio concepto de déficit estructural en ella contenido es
injustificable, así como la actual redacción del Artículo 135 de la
Constitución.
El dilema no es, como quieren hacernos creer los mensajes
neoliberales, entre si el dinero está mejor en nuestros bolsillos que en manos
de un Estado derrochador. El verdadero dilema está entre si el dinero tiene que
estar invertido en el mundo de las finanzas especulativas generadoras de crisis
financieras periódicas (ya que quienes tienen una elevada riqueza muchas veces
invierten como si lo hicieran en un casino) o en nuestras guarderías, en los
centros de atención primaria, en las redes de fibra óptica, en los centros
tecnológicos que conectan a las universidades con las empresas, en la política
industrial que demanda nuestro país.
Por último, pero no menos importante, creemos que hay que hacer
una apuesta clara por reforzar y recuperar la autonomía de negociación
colectiva entre los sindicatos y los empresarios, así como revertir efectos de
las dos últimas reformas laborales, la de 2010 y la de 2012, esto es: recuperar
la causalidad en la contratación; la razonabilidad y proporcionalidad de las
causas en despidos colectivos e individuales, reforzar la seguridad jurídica e
incrementar las cuantías indemnizatorias, así como revertir la regulación del
despido en las administraciones públicas; reforzar y recuperar la importancia
del marco de negociación sectorial y el carácter complementario del convenio de
empresa, y la fuerza vinculante de los convenios y su ultraactividad, durante
el periodo de negociación.
No podemos olvidar los perniciosos efectos de la reforma laboral
en el mercado de trabajo español, incrementando el volumen de trabajadores
pobres hasta el 12,5% de la población asalariada, según la OIT. Entre 2010 y
2013, según los datos de la EPA, los trabajadores más pobres de nuestro país,
el decil de los que ganan como media 563 euros al mes han visto como el salario
medio de este colectivo se reducía en un 10%. Mientras que en el decil de los
trabajadores que más ganan, 4.575 euros mensuales, el salario medio se ha
incrementado un 5%. El incremento del salario medio en este grupo de
asalariados, 280 euros al mes, es la mitad de la media de lo que ganan los
trabajadores más pobres de nuestro país. La desregulación laboral y de la
negociación colectiva están detrás del incremento de la desigualdad en nuestro
país, del incremento de la pobreza.
Estas son las políticas que hay que cambiar para hacer de España
un país más prospero, más incluyente, pero también más competitivo entre
aquellos países desarrollados que apuestan por el conocimiento como el
principal factor de competitividad, y no por una absurda reducción de los
costes laborales que nos conduciría al abismo social propio de un país de low cost.
Hace 80 años Ernst Wigforss, que fue ministro de Economía de
Suecia de 1932 a 1949, dijo: “La austeridad nos lleva a la conclusión de que el
trabajo es un lujo, de que el trabajo para todos los ciudadanos es algo que uno
puede permitirse en sociedades ricas, pero que supera con mucho las fuerzas de
un país pobre”. El país pobre al que se refería era Suecia. Wigforss puso en
marcha las políticas de pleno empleo, de construcción del Estado del Bienestar,
de fortalecimiento de los sindicatos en la negociación colectiva que han
permitido que este país nórdico sea hoy en día uno de los más ricos, más
competitivos en conocimiento y más igualitarios del mundo.
Suecia, que tiene una tasa de desempleo del 7,3%, es un país
pequeño, pero la suma de la población de este país nórdico, de Holanda que
tiene un desempleo del 6,9%, de Austria con un 5,7%, de Islandia con un 4,3%,
de Noruega con un 4,6% y de Dinamarca con un 6,2% alcanza los 46 millones de
personas, la misma población que tiene nuestro país, pero nosotros tenemos un
21% de paro. Es un problema de voluntad política.
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