JULIO 11, 201, VICENÇ NAVARRO
Como mostré recientemente en un artículo
presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene Catalunya del cual no
se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en
Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante
el periodo democrático. Nunca antes, desde que la democracia se
restableció en 1978, las clases populares catalanas habían visto su calidad de
vida y bienestar deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido
durante los años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran
Recesión. El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en
el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones
de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy
negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan la
mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones están teniendo
un impacto devastador entre la juventud, que está perdiendo la esperanza de
tener un mundo mejor que el de sus padres. Sus ingresos en términos
proporcionales son menores (en su capacidad adquisitiva) que los que sus padres
tenían a su edad, determinando con ello un descenso generacional en su estándar
de vida.
Esta enorme crisis, resultado del gran
deterioro del mercado de trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la
calidad de vida de las clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de
los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los
servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda
social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios
domiciliarios, servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de
la exclusión social, entre otros). En realidad, los recortes del gasto
público social, que incluye el gasto en tales transferencias y servicios
públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión Europea de
los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante nivel de
desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de España.
Es muy importante señalar que estos recortes se han
hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y servicios públicos del
Estado del Bienestar que estaban ya muy poco financiados, con lo cual, tales
recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y
servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados del
Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo de lo que
la economía catalana permitiría (ya antes de la crisis Catalunya tenía un
gasto social de casi 20.000 millones de euros menos de lo que le correspondía
por su nivel de riqueza).
¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?
¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?
Una de las respuestas más frecuentes a
estas preguntas en el establishment político-mediático catalán es que tal
subdesarrollo social(siendo
el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la UE-15) y tal
crisis social (unos de los recortes de gasto público social más acentuados y
uno de los niveles de desempleo y precariedad más altos de la UE-15), con uno
de los niveles salariales más bajos de tal comunidad europea, es resultado de la
articulación de Catalunya dentro del Estado español. La culpa de todo ello es
del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la
cultura existente en el territorio ibérico. El gobierno español justifica
la aplicación (e imposición) de políticas altamente impopulares indicando que
no tiene otras alternativas, pues así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o
lo que sea. Y en Barcelona, el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade,
además de Bruselas y Frankfurt, Madrid.
JULIO 11, 2017
Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de
las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis
social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme
dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales) han tenido en las
instituciones económicas, financieras, mediáticas y representativas de
Catalunya durante todo el periodo democrático. La coalición de un partido de derechas
perteneciente a la familia liberal europea, Convergència Democràtica de
Catalunya, CDC, y de un partido de derechas perteneciente a la familia
conservadora democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha
gobernado Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado
gobernada 30 de 37 años por las derechas, es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran
hegemonía de las derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y
León, gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).
Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora
llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política continúa
ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la Generalitat de
Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont, dirigente del PDeCAT,
partido que es a su vez presidido por el ex presidente Artur Mas. Es cierto que la coalición
Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC (un partido hoy
independentista), así como personas independientes no afiliadas a ningún
partido. Pero la herencia de 30 años de ideología nacionalista conservadora es
todavía clara en la cultura política promovida por la Generalitat de Catalunya.
Ni que decir tiene que ERC es un partido amplio de sensibilidades políticas
diferentes, incluyendo la izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por
la independencia, ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo
no la comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello
fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es obvio que
no se da en la situación actual. Dicha aclaración no diluye mi
percepción de que el movimiento independentista esta hoy institucionalmente
dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición dentro de la cual el PDeCAT
es la primera fuerza.
De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor, el
PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un partido
nacionalista conservador, ahora pro independencia.
Los
herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa
Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC,
fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista
conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su
propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través
de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión
catalana del caciquismo en su expresión más primaria. En realidad, tiene grandes
semejanzas con el Partido Popular en el resto de España. Ambos eran y son
partidos nacionalistas (españolista el PP, y catalanista CDC) y
patrimonialistas (que consideran el Estado que gestionan como suyo). Es
lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su
largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura de
poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre los medios
públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E influencia también
en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en
2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La
Vanguardia; 463.987 a El
Periódico de Catalunya; El
Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara,
313.495 euros). En consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a
los medios de comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no
promuevan su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas
económicos son de orientación ultraliberal, los cuales son conducidos por
uno de los gurús económicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i
Martín, economista catalán, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU
al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy
en el Partido Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de
Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalición
liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a él en su orientación
política.
Las
complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment
político-mediático español
El
nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran influencia en las
instituciones de la Generalitat, y a través de estas, la vida intelectual
política y mediática de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores
instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas
neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto
de España), y de la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las
reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de
trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes al
Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideología
liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su programa de TV3).
Las
consecuencias del neoliberalismo
Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del
trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de todas
las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras que las rentas
del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45% durante el mismo periodo. Que ello pasaría era entonces
fácilmente predecible, como denuncié en su día. Como también era predecible, se
ha producido un gran crecimiento de las desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado la distancia
entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de 5 a 6 veces durante
el mismo periodo. Estas políticas neoliberales se
han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una complicidad no solo en
las áreas económicas y sociales, sino también en las políticas, complicidades que han permitido el control por parte del PP de
las Cortes Españolas, cuya presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de
CDC, y cuya abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP
contribuyó a mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder. Los
intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación en las
derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor enemigo son las
nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es
un claro ejemplo de ello.
El
silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana
Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy en
Catalunya. Este es el gran éxito del establishment político-mediático
hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello con la ayuda de grandes
sectores de la intelectualidad catalana, incluyendo algunas figuras que se
consideran de izquierdas. CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya,
intentando influenciar sobre la movilización político-social que promueve el
referéndum, centrándose en la confrontación entre el gobierno Rajoy, por un
lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro. Esta dualidad, presentada como el
enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de
movilización.
La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme
insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de España,
Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en Catalunya. Ni que
decir tiene que este enfrentamiento asume la invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida cuya intensidad alcanza niveles de
clara hostilidad hacia los que no están de acuerdo con dicha estrategia, siendo
acusados de antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con
Catalunya, tal como hizo Pilar Rahola, el personaje
mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya (grosera, maleducada, que no
deja hablar al adversario y que manipula en extremo), con Xavier Domènech. Y
algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar
en el referéndum como una continuación del 15-M en su lucha por la democracia.
Tales voces parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya,
forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta
por las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me invitó
a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de
manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el gobierno había
propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la
policía nos expulsó. Es paradójico que ahora se pida al 15-M que rodee el
Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo. Además
de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la
movilización que se presenta mediáticamente como dirigida por un gobierno
liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy
consciente que el Parlament estaría ocupado por muchas otras fuerzas políticas
además del PDeCAT, pero dicho Parlament seguiría liderado por un gobierno en el
que los herederos del pujolismo de siempre serían la fuerza hegemónica.
El
llamado referéndum no es un referéndum
Mis
comentarios críticos no son a favor o en contra de la independencia, sino sobre
la manera como esta se está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se
debe a la oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere
toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un contexto
democrático. Democracia
es mucho más que votar en unas urnas: requiere libertad democrática con pleno
acceso a los medios de información por parte de las distintas opciones
consideradas en el proceso de decisión que debe realizarse en el momento de
votación. Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los
medios públicos de la Generalitat Catalunya, realidad que, por lo visto, no han
percibido algunos compañeros de viaje de izquierda, que han visto recompensadas
su apoyo al referéndum y su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú
(que lo critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las
opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la
Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando amplios
recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar su estrategia
política. Es un caso abusivo de utilización de los medios públicos para fines
partidistas.
Otra
condición para que el referéndum sea considerado democrático es el principio de la mayoría, un
eje rector de cualquier proceso democrático (hecho subvertido por la propuesta
de Referéndum de Independencia del Govern, que convierte el principio de la
mayoría por el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el
proyecto del referéndum es el
de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el Parlament de
Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose en una mayoría
parlamentaria que no representa a la mayoría de la población catalana.
La
vía antidemocrática hacia la independencia
La
mayoría que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el
Parlament está basada en una ley electoral que es la misma, repito, la misma,
que fue transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara
cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es escasamente proporcional,
y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a unos partidos que en realidad
representaban a una minoría. Tal tripartito recibió un número de votos menor
que los no independentistas. Atribuirse la representación de la mayoría de la
población es faltar a la verdad.
Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del
27 de septiembre de 2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que
sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría
proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría popular,
que no es independentista.
Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma
extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado del
referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el porcentaje mínimo
de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos
(sin indicar un mínimo de participación), proclamándose la independencia
cuarenta y ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso
de que sea afirmativo. Lo que ello implica es que si se consiguiera el mismo
porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de catalanes
que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del SÍ-SÍ sobre 5,4
millones de personas), resultaría que el número de votos a
favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la población que pudiera votar,
lo cual querría decir que prácticamente dos terceras partes de los catalanes no
habrían dicho SÍ a la independencia. En base a este bajísimo porcentaje se
declararía la independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente
antidemocrático carente de credibilidad internacional.
No es
un referéndum
La
manera como se está utilizando el mal llamado referéndum por parte de los
partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al
90% del voto fuera a favor de la independencia, en un proceso de muy baja
participación. Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso electoral
en Catalunya con menor participación durante el período democrático
postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho más bajo que en las
elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las elecciones generales del
2011 (un 66,8%), que en el referéndum del Estatut del 2006 (48,8%) y que en las
elecciones europeas del 2014 (47,6%). Que solo un tercio de los catalanes
decidiera el establecimiento de la independencia no puede ser la base para que
ocurra un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en
Catalunya. Creerse
que la mayoría de la población catalana aceptaría una decisión de tal
envergadura votada solo por un tercio de la población que podría votar, es no
conocer Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría
una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de ello es
la identificación institucional del independentismo con el gobierno de la
Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la crisis social que ha
afectado tanto a las clases populares en Catalunya.
Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una
protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el hecho de
que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la Generalitat que
dirige tal movilización tendría influencia en esta elevada abstención. Las clases populares son
conscientes de que detrás de un supuesto conflicto España-Catalunya ha habido
una alianza de las derechas españolas y catalanas que ha provocado el deterioro
de su calidad de vida y bienestar. Y de ahí el enorme silencio sobre
este tema en Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor
visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería en sí la
enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo Estado tendría
una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es altamente cuestionable,
pues dependería de los partidos que gobernaran esta Catalunya independiente.
Una transición que fuera una continuación del dominio de las derechas en el
Estado catalán sería la continuación de la crisis. La evidencia de que ello
sería así es abrumadora.
Todas
estas consideraciones quedan olvidadas en un proceso de transición claramente
idealizado en el que los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían
afectar a las clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha catalana
intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica electoral que se
beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y España, a fin de
movilizar su apoyo electoral.
Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización que
está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un mero
instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura generalizada en el
establishment político-mediático español. Dicho movimiento incluye muchísimas
sensibilidades políticas, y como movimiento contestatario lo valoro
positivamente. Ahora bien, no hay duda, desde mi punto de vista, que la
manera como la Generalitat de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un
deseo de instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de
cambio. En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o
derecho a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia
movilización de las clases populares, que no siendo independentistas, desean un
cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo no será vehículo
para realizar tales cambios.
¿Cuál
debería ser la alternativa?
Creo que
debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad democrática a
través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el
mal llamado referéndum. Considero que es esencial que las fuerzas que creen en
el referéndum democrático presenten y defiendan una alternativa, ilusionante y
creíble que presente una propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución
del tema social como central en la discusión del tema nacional, indicando que
aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden
liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que
promueven sería una continuación de la ya existente. Creo que para las
izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación, identificando
nación primordialmente con la población, de la que las clases populares son la
mayoría, afirmando que aquellos que aman más a Catalunya son aquellos que hacen
más por las clases populares, denunciando a aquellos que se autodefinen como
superpatriotas y a la vez están dañando el bienestar de la mayoría de la
ciudadanía. En contra de lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir
el grado de compromiso con un país.
MÁS DE VICENÇ NAVARRO
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