La iglesia en EEUU
Por FRANK GIBNEY Jr.
Informes de John U. Bacon/Ann
Arbor, Laura Bradford y Julie Rawe/Nueva York, Matt Kelly/Providence, Adam
Pitluk/Dallas y Sean Scully/Los Angeles.
Por FRANK GIBNEY Jr.
(TIME) -- Solía decirse
que en una sociedad de buenas costumbres no se debía hablar ni de sexo ni de
dinero. Pero eso ya es imposible para la Iglesia Católica. Hace una semana, el
arzobispo de Milwaukee, Rembert G. Weakland, reconoció haber pagado 450.000
dólares en 1998 como compensación económica por una acusación de que hacía dos
décadas había abusado sexualmente de un estudiante graduado que por entonces
tenía 30 años. A esto hay que sumarle las grandes sumas que las diócesis han
pagado para cubrir los costos derivados de las múltiples demandas de abusos
sexuales en los últimos años: unos 25 millones de dólares en Santa Fe (Nueva
México); cerca de 30 millones en Boston (Massachusetts) y 31 millones en Dallas
(Texas). Ahora que surgen nuevas acusaciones de abusos sexuales casi
semanalmente, las diócesis católicas en todo Estados Unidos enfrentan demandas
por cientos de millones de dólares. Muchos se preguntan si la Iglesia podría
quedar en bancarrota. La respuesta sencilla es que no. Cada año la Iglesia
Católica estadounidense recauda unos 7.500 millones de dólares. Más
impresionantes aún son sus propiedades en bienes raíces, que van desde
catedrales y escuelas hasta retiros a orillas del mar, mansiones suntuosas,
campos de golf y estaciones de radio y televisión. Pero el verdadero secreto de
la fortaleza financiera de la iglesia es que cada una de sus 178 diócesis en
Estados Unidos organiza sus asuntos de manera independiente y casi todas ellas
emplean una estructura altamente compleja y descentralizada, que hasta ahora ha
puesto a sus bienes a resguardo de las acusaciones contra los sacerdotes. El
incremento de las demandas está impulsando a las diócesis, desde la de
Providence (Rhode Island) en la costa este, hasta la de Los Angeles, en el oeste
a tomar mayores medidas para proteger -u ocultar, según se mire- sus bienes.
Pero también está incitando el escrutinio de sus estructuras corporativas y
originando preguntas sobre quién debe hacerse responsable de los pecados de los
padres. "No se diferencian mucho de Enron", dice el abogado de Miami Ron Weil,
quien ha llevado docenas de casos de abusos sexuales. "Es un evidente esfuerzo
para aislarse de su responsabilidad legal". A diferencia de las corporaciones,
una iglesia no está obligada a publicar la lista de sus bienes e ingresos. Es
más, funcionarios de las diócesis invocan la Primera Enmienda de la Constitución
estadounidense-que garantiza la libertad religiosa- para negarse a revelar
detalles sobre las finanzas eclesiásticas. Y varias diócesis han logrado
convencer a los demandantes de que acepten reducciones en el monto de sus
compensaciones, señalando que no pueden pagar más.
En los años 80, cuando sólo
unas pocas víctimas entablaban públicamente demandas por abusos sexuales, los
funcionarios eclesiásticos podían resolver cada caso de manera callada y
relativamente económica. Pero en la década siguiente se materializaron las
posibilidades de que la Iglesia tuviera que pagar varios millones de dólares por
estos abusos, y las diócesis de Dallas y Santa Fe se vieron forzadas a vender
propiedades para mantenerse a flote. Desde entonces, los funcionarios de la
Iglesia buscan con denuedo y preocupación la manera de establecer nuevas líneas
de defensa. Hay mucho que proteger. Según los abogados de 38 demandantes de
Rhode Island, la diócesis de la Iglesia Católica en Providence opera más de 220
filiales corporativas, incluyendo la mansión Aldrich: una gran extensión en
Narragansett Bay donde se rodó la película Meet Joe Black, con Brad Pitt. La
filmación duró seis semanas en esta propiedad donde se cobran 3.000 dólares por
un bautizo. La diócesis de Providence posee 44 millones de dólares en bienes
raíces y los ingresos de estas propiedad se utilizan para financiar un amplio
abanico de servicios sociales. Pero los funcionarios de la diócesis aseguran que
no tienen medios suficientes para pagar a las víctimas de los abusos sexuales
-algo a lo que, además, no tiene obligación desde el punto de vista legal. Su
razonamiento es que la corporación del obispo administra propiedades, no
sacerdotes.
Los demandantes de todo el
país se enfrentan a esquemas similares de protección de los bienes, ya que los
líderes regionales dividen a la propiedad de la iglesia entre docenas, en
ocasiones centenas, de corporaciones, obras de caridad y otras instituciones. La
Iglesia Católica de Estados Unidos puede resultar a simple vista una corporación
religiosa monolítica que maneja a sus fieles y al dinero desde una cúpula
central. Pero los feudos de la iglesia operan de manera tan independiente como
las cadenas de comida rápida -y con menores responsabilidades legales-. Cada
diócesis y sus parroquias es independiente en cuanto a los asuntos financieros.
Cualquiera de estas instituciones podría quedar en bancarrota por el pago de
indemnizaciones, pero casi con seguridad no arrastraría a otras a ese final. Eso
es totalmente distinto al tipo de responsabilidad legal que tiene, por ejemplo,
McDonald's -en cuyo caso la compañía en su conjunto puede ser responsable si un
cliente se quema al derramarse con café caliente-. La estructura legal de la
Iglesia actúa como un rival formidable ante cualquier ataque a su esqueleto
principal. En definitiva, su sede principal es el Vaticano, un Estado soberano
que en efecto es inmune a las acciones legales privadas entabladas en Estados
Unidos.(Además, el Vaticano, por su parte, se opone públicamente al pago de
compensaciones en casos de abusos sexuales).Los funcionarios de la Iglesia
Católica aseguran que incluso cuando un arzobispo dirige sobre el papel una
corporación de la diócesis, sea una parroquia o una escuela, la diócesis no es
responsable por los actos de ninguno de sus sacerdotes.
Por supuesto, las grandes
tabacaleras supusieron -de manera errónea, como quedó demostrado- que eran
inmunes a las demandas de fumadores particulares.Los abogados que representan a
las víctimas están trabajando muy duro para superar las múltiples barreras que
tienen las diócesis, y para demostrar que los mismos funcionarios eclesiásticos
responsables de la supervisión de los sacerdotes delincuentes también controlan
las corporaciones y entidades que son dueñas de propiedades de la Iglesia. En un
reciente caso en Miami, la archidiócesis señaló que no tenía control sobre la
escuela de una parroquia donde un maestro abusó de un alumno. Pero el abogado
Weil demostró que la diócesis no sólo controlaba el currículum y las
contrataciones de maestros, sino también los cronogramas de las salas de
reuniones de la escuela. La Iglesia llegó a un acuerdo antes de que el caso
llegara a juicio. "Esto equivale a atrapar a un soldado raso y que el general
diga: 'No trabaja para mí'", dice Weil. "Todos están utilizando el mismo
uniforme". Sin embargo, el secreto y la actitud desafiante de la Iglesia son
obstáculos formidables.
En 1998 el abogado de
Minnesota Jeffrey Anderson demandó a la diócesis de Stockton, en California, en
nombre de dos hermanos que habían sido abusados sexualmente. Anderson descubrió
–recién en medio del juicio, cuando le preguntó al administrador de la diócesis
acerca de cierta propiedad- que la diócesis controlaba la Roman Catholic Welfare
Corp. (Corporación de Beneficencia Católica Romana) de manera independiente, una
entidad valorada en 400 millones de dólares. Era demasiado tarde para agregar a
otro acusado al litigio y demasiado caro iniciar un nuevo juicio. El jurado le
otorgó 29 millones a los clientes de Anderson, pero la diócesis, alegando
indigencia, se las arregló para que se redujera la suma a 7,6 millones. Anderson
dice que si el jurado hubiera sabido de los otros bienes, la cifra habría sido
mucho más alta. Anderson dice que el problema es que "la Iglesia Católica no
tiene que rendir cuentas ante nadie". Como resultado, los abogados y demandantes
deben actuar como investigadores forenses: deben desenterrar transferencias de
títulos de propiedad e interrogar a funcionarios locales para averiguar cómo
administra la Iglesia sus entidades de caridad. Están descubriendo, por ejemplo,
que las autoridades eclesiásticas suelen mantener registros sólo de los valores
escriturados de ciertas propiedades -en lugar de los de su precio de mercado-.
Por ejemplo, en 1998 la diócesis de Stockton valoró su catedral -que seguramente
vale millones de dólares- en apenas 28.000 dólares, lo que costó construirla en
1942. En Providence y Boston, las investigaciones han producido algunos detalles
sobre el alcance de los negocios de la Iglesia. Pero más allá de la opulencia de
sus sedes principales, más allá de cuántos campos de golf operan sus filiales,
en general las diócesis alegan indigencia –y suelen salirse con la suya. La
abogada de Los Angeles Katherine Freberg recuerda que el año pasado, trabajando
en un caso de abuso sexual, intentó en vano sortear las leyes de California que
impiden el acceso a documentos de las diócesis. Al revelar muy poca información
financiera, las diócesis de Los Angeles y del condado de Orange, supuestamente
entre las más ricas del país, pudieron negociar un arreglo relativamente pequeño
-5,2 millones de dólares-, que pagaron en apenas 15 días. Ahora, sin embargo, la
mera cantidad de demandas está poniendo nerviosos a los funcionarios católicos,
que ya no están tan seguros de que sus defensas continúen funcionando.En 1997 la
diócesis de Dallas tuvo que utilizar dinero de un seguro, pedir prestados 11,3
millones de dólares y vender propiedades que no utilizaba para pagarles a las
víctimas de abusos sexuales del padre Rudolph Kos una indemnización de 31
millones de dólares -tras una sentencia inicial que les otorgó 119,6 millones-.
La diócesis de Boston, por su parte, dice que hasta ahora ha desembolsado casi
30 millones en compromisos de este tipo. La amenaza de colapso financiero fue
una de las razones por las que el mes pasado Boston retiró de la mesa una
propuesta de convenio según el cual las 86 víctimas de pedofilia del convicto
padre John Geoghan habrían recibido 30 millones de dólares. En Boston y en otros
diócesis se está adoptando una línea más dura ante los demandantes: entrevistan
a sus ex esposas, dan detalles sobre sus problemas pasados con las drogas o
sobre sus dificultades económicas. "Actuamos como cualquier otra defensa en
cualquier litigio civil", dice David Smith, principal encargado de finanzas de
la archidiócesis de Boston. "Si los defensores de la diócesis no exploraran
todas las posibilidades, estarían actuando con negligencia".
Casi toda institución
católica en Estados Unidos está buscando maneras de protegerse financieramente.
La diócesis de Boston, por ejemplo, está considerando reorganizar completamente
su estructura corporativa para protegerse de futuras responsabilidades
jurídicas. Una posibilidad sería que la diócesis de Boston tuviera todos sus
bienes raíces en fideicomiso en nombre de sus parroquias, lo que haría aún más
difícil que nuevos demandantes lograran que la Iglesia se haga financieramente
responsable de los crímenes de los sacerdotes.
En un experimento que está
ganando mayor aceptación en una cantidad de comunidades católicas, algunas
escuelas y parroquias han creado corporaciones para darse absoluta
independencia, incluso de su diócesis regional. Por ejemplo, en 1997 un grupo de
monjas dominicas fundó el convento de las Hermanas de María, Madre de la
Eucaristía, en Ann Arbor (Michigan), que se ha expandido desde entonces hasta
incluir cuatro escuelas locales y dos más en Honduras. Las Hermanas de María
asumieron personalidad jurídica, y es ahora una institución regida por un
directorio de miembros laicos. Sus asuntos financieros están en manos de un
grupo de inversión privado con sede en Virginia que se especializa
principalmente en el sostenimiento económico de pequeñas organizaciones sin
fines de lucro. "Hay que proteger el futuro, y eso es lo que las parroquias y
las escuelas intentan hacer ahora", dice Bernard Dobranski, decano de la
Facultad de Derecho Ave María, situada cerca del convento.
Se mire por donde se mire,
el futuro legal de la Iglesia Católica no es auspicioso. Solamente Boston se
enfrenta a unas 450 demandas individuales por abusos sexuales. Abogados
litigantes en California y Nueva México dicen que en las últimas semanas han
recibido docenas de nuevos casos. En Milwaukee, las repercusiones de lo revelado
la semana pasada por el arzobispo recién han comenzado. Cuanto más tiempo
invierta la iglesia en luchar para proteger sus bienes, mayor será el costo
real, el que se mide en términos de fe. –
